El Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) expresa su más firme rechazo al decreto presidencial por el que el régimen deTeodoro Obiang Nguema Mbasogo declara a Djibloho capital de la República.
Esta decisión, adoptada sin debate público, sin consenso institucional y sin legitimidad democrática, constituye un nuevo acto de patrimonialización del Estado. Guinea Ecuatorial no es una propiedad privada ni un cortijo familiar que pueda trasladarse al antojo de un solo hombre.
Hay que recordar que todas las obras faraónicas -Oyala ha sido la última- impulsadas por el dictador Teodoro Obiang han tenido un fin exclusivo: mover grandes volúmenes de dinero público para sustraer cantidades importantísimas en beneficio personal y de toda su numerosa familia, a través de las empresas del Grupo Albayrak -de capital turco, propiedad de una familia cercana a el presidente Erdogan- De paso, el régimen ha tratado de darse importancia ante la comunidad internacional, abusando del término “internacional” para vaciarlo de todo contenido real, como ocurrió incluso con la llamada Universidad Internacional, que no resuelve nada ni aporta nada al país.
El equipo directivo del Partido del Progreso
Los proyectos de Sipopo y Oyala han supuesto una gran estafa y un gran timo al pueblo guineano, además de una burla consciente a la comunidad internacional. Millones de euros han sido despilfarrados en ciudades artificiales, sin vida social real, sin tejido económico ni población estable, construidas únicamente para el lucimiento personal del dictador y para facilitar el saqueo sistemático de los recursos del Estado.
Djibloho es hoy una ciudad fantasma, levantada en medio de la selva y estratégicamente situada cerca de la frontera con Gabón. Su designación como capital no responde al interés general ni a criterio alguno de utilidad pública, sino a consideraciones personales y de seguridad de un régimen cada vez más aislado y temeroso de su propio pueblo.
Este decreto debe interpretarse como un intento de encerrar el poder lejos de los núcleos urbanos donde se concentra el descontento social, como una estrategia de huida ante un posible levantamiento popular y como una nueva prueba de que el régimen confunde Guinea Ecuatorial con un patrimonio familiar, arrastrando incluso la capital hacia la zona de origen del clan gobernante, como ya ocurrió en la etapa de la dictadura de Francisco Macías Nguema.
Mientras el país sufre pobreza estructural, colapso sanitario, desempleo juvenil, represión política y exilio forzado, el régimen continúa dilapidando recursos públicos en ciudades fantasma, palacios y operaciones propagandísticas sin ningún beneficio para la población.
El PPGE denuncia que este decreto profundiza la desconexión total entre el poder y la realidad del pueblo guineano y reafirma que ninguna capital impuesta por decreto sustituirá jamás a la voluntad popular.
Guinea Ecuatorial necesita instituciones legítimas, alternancia democrática y un Estado al servicio de sus ciudadanos, no capitales blindadas pensadas para garantizar la huida de un régimen agotado.
El futuro de Guinea Ecuatorial no se decreta: se construye con libertad, justicia y democracia.
Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE)