Queridos compañeros del Partido del Progreso, estimados opositores en el exilio, y querido pueblo guineano que sufre:
En Guinea Ecuatorial, la explotación sexual ha dejado de ser un rumor para convertirse en una herida abierta y supurante en el tejido social. Lo que ocurre en silencio, entre pasillos escolares y salas de hospitales, es una tragedia diaria que no pasaría desapercibida en ningún otro lugar del mundo con instituciones mínimamente funcionales. Aquí, sin embargo, se ha vuelto rutina. Impune. Normal.
En los centros educativos —espacios que deberían ser de protección y formación—, niñas y adolescentes son cazadas a la salida de clase por autoridades militares y civiles, como si fuesen propiedad pública. Basta con detenerse unos minutos frente a cualquier instituto para presenciar el desfile de vehículos oficiales que se llevan a menores “bajo cuidado”. Lo más escalofriante es que todo el mundo lo sabe. Y nadie hace nada.
Os confieso que este abuso sobre la mujer, que lo estamos viendo todos los días, me traspasa el alma. No es solo una cuestión de derechos, es una cuestión de humanidad. De mirar a nuestras niñas y mujeres y no poder asegurarles protección, justicia ni dignidad. De ver cómo se institucionaliza el dolor mientras los responsables callan o miran hacia otro lado. Y si este dolor no nos conmueve, si esta herida no nos levanta, ¿qué nos queda como sociedad?
Casos como los ocurridos en el Centro de Formación Rey Malabo, Biología Norte o Siale Bileka de Malabo han sido denunciados incluso en los juzgados. Pero los tribunales, lejos de impartir justicia, se limitan a simularla. El resultado: absoluciones, silencios y ascensos. El director del centro de Siale, acusado de graves abusos, fue premiado con un cargo aún mayor: director general de Enseñanza Primaria. La impunidad no sólo protege, sino que recompensa.
En hospitales y centros sanitarios, la historia se repite. Médicos que abusan de pacientes, muchas veces menores. Profesores que aprovechan la vulnerabilidad de sus alumnas. Militares que no distinguen edad, estado civil ni consentimiento. Las mujeres guineanas son utilizadas, abusadas, descartadas. Como si no fueran personas, sino cuerpos disponibles en un sistema que ha perdido todo referente moral.
A este infierno cotidiano se suma la miseria. La pobreza empuja a niñas y mujeres a “entregarse” a cambio de comida, medicamentos o protección. Es la pobreza inducida por el régimen la que ha convertido el cuerpo de la mujer en una moneda de cambio. Los Obiang han hecho del sufrimiento un recurso estratégico: cuando el pueblo está hundido, desnutrido y sin horizontes, es más fácil someterlo. Y más fácil abusar de él.
Lo más alarmante de todo esto no es que exista —que ya sería suficiente—, sino que haya sido aceptado como parte del paisaje. La violencia sexual en Guinea no escandaliza a quienes mandan. Forma parte de la maquinaria de poder. El silencio cómplice de las instituciones, de la justicia y de muchos ciudadanos ha consolidado este crimen estructural. Y en el centro de todo, las mujeres: silenciadas, violadas, olvidadas.
Este fenómeno no se da así, con este nivel de naturalización, en ningún otro país del mundo. Lo que ocurre en Guinea es único por su crudeza, por su descaro, por la total ausencia de castigo. Y esa excepcionalidad no debe enorgullecer a nadie. Debe avergonzar al mundo.