Redacción El Confidencial
Fuente: Diario Rombe
La maquinaria de corrupción incrustada en el Estado guineano acaba de dejar al descubierto uno de sus engranajes más sensibles: la implicación directa de Francisca Obiang Jiménez, hija del presidente Teodoro Obiang, en una red de comisiones ilegales que involucra a empresarios españoles, altos funcionarios del régimen y empresas tapadera.
Según ha revelado Diario Rombe, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Anticorrupción de Malabo presentó el pasado 11 de junio una querella ante el Juzgado de Instrucción Nº1, que apunta a una estructura sistemática de saqueo institucional. Entre los acusados figuran ciudadanos españoles como José Luis Romero Ruiz, David Rodríguez Ballesta, José Ramón Montero y Javier Marañón Montero, supuestamente beneficiarios de contratos públicos a cambio de sobornos.
Pero la figura más inquietante en el sumario es la de Francisca Obiang, expresidenta de la entidad pública Geproyectos. Utilizó su posición para canalizar fondos ilícitos a través de Jeremías Barleycorn Mongolue, empresario guineano-español que admitió haber recibido más de 424 millones de francos CFA (647.000 euros) en nombre de la hija del dictador. Los pagos procedían de las empresas Wayang Teknical Soluções Globais GE SL y Terratek SL, y se habrían desviado a cuentas en España.
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La investigación interna detalla una operativa compleja y jerarquizada, donde los pagos ilegales se efectuaban a cambio de adjudicaciones infladas, certificaciones falsas y favores administrativos. La corrupción no se limitaba a niveles intermedios: desde técnicos informáticos hasta ministros en activo cobraban por facilitar las operaciones. Algunos, como Eugenio Nze Obiang o Jesús María Obiang Obiang, todavía gozan de inmunidad parlamentaria, aunque la Corte Suprema ha solicitado el levantamiento de su fuero.
Otro actor clave es Ignacio Nzi Bico, empresario cercano al primer ministro Manuel Osa Nsue, que habría gestionado pagos por más de 250 millones de francos CFA, incluyendo sobornos al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Hacienda. La red funcionaba bajo la apariencia de legalidad, con testaferros y sociedades pantalla en Reino Unido, Eslovaquia y Seychelles.
Una de esas sociedades, Golden Leaf Real Estate Ltd, fue dirigida por Josefina Jiménez Makendengue, madre de Francisca Obiang, desde su residencia en La Nucía (Alicante). Pese a su escasa actividad económica, la empresa ilustra la dimensión internacional del esquema: conexiones societarias con firmas registradas por especialistas en creación de empresas ficticias, uso de estructuras puente en Europa del Este y actividades no declaradas en el Reino Unido y España.
El silencio del régimen de Malabo ante la implicación directa de un miembro del clan familiar refuerza la impresión de que la justicia guineana tiene límites claros cuando se trata de los intereses del poder. Mientras se cursan órdenes de detención internacional contra empresarios extranjeros, no hay ninguna medida equivalente contra Francisca Obiang, actualmente entre España y Estados Unidos bajo una sospechosa pasividad institucional.
Este nuevo escándalo no es un hecho aislado, sino la confirmación de un modelo político-económico basado en la impunidad y la depredación. Guinea Ecuatorial no sufre simplemente casos de corrupción: es un Estado estructurado para el expolio.