La reciente resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la nulidad del registro del nombre y el escudo del PPGE por parte de Severo Moto no es un simple trámite administrativo. Es una reafirmación rotunda de la verdad frente a años de maniobras, confusión interesada y tentativas de apropiación indebida que han intentado desfigurar la esencia del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE). La ley ha hablado con claridad: en política no todo vale, y actuar de mala fe tiene consecuencias.
Según la resolución del Registro de Marcas del Ministerio de Industria, el intento de registrar el nombre y los símbolos del PPGE se produjo cuando quien lo promovía ya no ostentaba la presidencia del partido. Severo Moto había dimitido públicamente y, conforme a los estatutos y a la legalidad vigente, Armengol Engonga Ondó fue elegido legítimamente como nuevo presidente. Pretender arrogarse una representación inexistente no solo es una irregularidad política, sino una vulneración directa de los principios democráticos básicos.
Además, el Ministerio Público ha examinado y contrastado las pruebas presentadas durante el procedimiento, validando la solidez de los argumentos que acreditan la legitimidad de la dirección actual del partido. No se trata de opiniones ni de relatos interesados: se trata de hechos verificados dentro de un proceso legal riguroso.
Durante años hemos soportado insultos, descalificaciones personales y campañas de descrédito destinadas a confundir a la militancia y a la opinión pública. A pesar de ello, hemos seguido defendiendo la política como un ejercicio de responsabilidad colectiva, no como una propiedad privada. Un partido político no pertenece a una persona ni a una familia; pertenece a su militancia, a su historia y, sobre todo, al pueblo al que sirve. Intentar registrar personalmente su nombre y sus símbolos revela una visión patrimonialista incompatible con los valores democráticos que siempre hemos defendido.
La resolución administrativa reconoce que las pruebas presentadas acreditan la legitimidad del liderazgo actual y evidencian una actuación alejada de la buena fe exigida por la ley. Esto no es una rivalidad personal: es una cuestión de respeto institucional y de coherencia democrática.
Quien miente, manipula y actúa a escondidas traiciona la confianza de quienes han luchado durante décadas por una Guinea Ecuatorial libre.
Resulta especialmente grave que quienes deberían encarnar los valores democráticos reproduzcan prácticas que recuerdan precisamente aquello contra lo que hemos combatido durante años.
La política basada en acusaciones falsas, en la confusión deliberada y en el intento de apropiación de estructuras colectivas no construye liderazgo; lo destruye. Un verdadero dirigente respeta las normas, acepta los procesos democráticos y antepone el bien común a cualquier interés personal.
Muchos hombres y mujeres han sufrido persecución, exilio e incluso la muerte por defender este proyecto político. Otros han entregado más de cuarenta años de esfuerzo y compromiso al PPGE. Militantes, simpatizantes y exiliados han sostenido esta causa con sacrificio y dignidad, y todos ellos merecen respeto. El pueblo guineano también lo merece.
Por eso, esta resolución representa mucho más que una victoria jurídica: es la demostración de que la verdad resiste, que la ley protege la legitimidad y que las maniobras basadas en la mala fe terminan siendo desenmascaradas. Felicitamos al partido y a toda su militancia por esta importante victoria judicial-administrativa, que nos da fuerzas para seguir avanzando hacia el objetivo que nos une: liberar a nuestro pueblo de la opresión y construir un futuro basado en la libertad, la legalidad y la dignidad.
El PPGE nunca será propiedad de una persona ni de una familia. El PPGE pertenece, y pertenecerá siempre, al pueblo guineano.