Editorial
Una de las consecuencias más profundas y dañinas de una dictadura no siempre aparece en las estadísticas económicas, en los índices de pobreza o en la falta de libertades. Hay daños menos visibles, pero quizá más difíciles de reparar, porque terminan afectando a la forma en que una sociedad piensa, trabaja, se educa y entiende sus propias responsabilidades.
Guinea Ecuatorial lleva demasiado tiempo pagando ese precio.
Las dos dictaduras que ha sufrido nuestro país constituyen un fracaso histórico de enormes dimensiones. Y lo son todavía más si recordamos que Guinea Ecuatorial dispuso durante décadas de unos recursos extraordinarios procedentes del petróleo y de otras materias primas que podrían haber permitido construir un país próspero, educado y lleno de oportunidades.
Pero esa riqueza no se convirtió en bienestar para la mayoría. Y no solo se privó a muchos guineanos de una parte de esa riqueza. También se les privó de algo todavía más importante: de la posibilidad de formarse, desarrollar sus capacidades y participar dignamente en la construcción del país.
La dictadura no ha empobrecido solamente a Guinea Ecuatorial en términos económicos. También ha provocado un profundo empobrecimiento cultural, cívico y humano.
Durante las dos dictaduras hubo una persecución de intelectuales, profesionales y personas capaces de pensar por sí mismas. Muchos fueron asesinados y otros tuvieron que marcharse al exilio. Y no es casualidad. Cuando quienes gobiernan no tienen suficiente preparación, suelen desconfiar precisamente de quienes pueden hacerles sombra por sus conocimientos, su cultura o su capacidad.
Las consecuencias llegan hasta hoy.
Una parte importante de quienes han ocupado altos cargos durante décadas no ha tenido la preparación necesaria para ejercerlos. Y cuando alguno sí la tiene, muchas veces ha aprendido que es mejor no demostrar demasiado si hacerlo puede poner en riesgo su posición.
Esto ha generado una situación que todos conocemos: personas ocupando puestos de enorme responsabilidad simplemente porque son fieles al poder, mientras otras, mucho más preparadas, quedan apartadas.
Incluso hemos llegado a convertir la falta de preparación en algo casi normal.
Basta con escuchar algunas intervenciones públicas de quienes representan a nuestro país para sentir vergüenza ajena. Y el ejemplo más evidente es Teodorín. Cuando vemos al vicepresidente de la República intervenir públicamente y comprobamos su manera de expresarse, de argumentar o de representar a Guinea Ecuatorial, muchos guineanos sentimos vergüenza. No porque sea nuestro compatriota, sino precisamente porque ocupa una posición desde la que debería representar dignamente a todo un país.
Y ese problema no es solamente suyo. Es el reflejo de un sistema que durante demasiado tiempo ha colocado la lealtad por delante de la preparación.
Así se fue imponiendo una lógica perversa: el mérito dejó de ser una garantía y la cercanía al poder se convirtió en una forma de promoción.
En una sociedad normal, un joven estudia, se prepara, adquiere conocimientos y espera que su esfuerzo sea reconocido. En la Guinea Ecuatorial de la dictadura, demasiadas veces la pregunta no ha sido «¿qué sabes hacer?», sino «¿a quién conoces?».
La pertenencia al PDGE, la cercanía a determinados círculos del poder o tener un padrino han pesado demasiado a la hora de acceder a oportunidades que deberían haber dependido de la preparación y del esfuerzo.
El enchufismo terminó convirtiéndose en una forma de organización social.
Y su daño va mucho más allá de colocar a una persona incompetente en un puesto que no merece. Desmoraliza a quien se ha preparado. Hace que un joven se pregunte para qué sirve estudiar si un contacto vale más que su expediente. Hace que un funcionario competente pierda la motivación cuando ve que la promoción depende más de la fidelidad política que de su trabajo.
Cuando eso se prolonga durante décadas, toda la sociedad termina pagando la factura.
La pertenencia al partido oficial o a la órbita de la dictadura ha funcionado durante demasiado tiempo como una especie de pasaporte para acceder a oportunidades que deberían haber estado abiertas a todos. El resultado ha sido devastador: talento relegado, jóvenes sin oportunidades, profesionales que no han podido desarrollar plenamente sus capacidades y ciudadanos que han aprendido que, para progresar, era más importante tener un padrino que tener preparación.
La llamada gran familia de los Obiang —grande, sobre todo, por la extensión de sus privilegios y por el número de personas que han orbitado alrededor del poder— ha proyectado durante décadas una determinada idea del éxito: poder, riqueza, influencia y privilegio.
Un modelo en el que la proximidad al poder parecía importar más que el conocimiento, el trabajo o el mérito.
Ese es uno de los modelos que Guinea Ecuatorial tendrá que superar.
Y conviene decirlo claramente: no vamos a construir una sociedad diferente si simplemente cambiamos los nombres de quienes ocupan los puestos y mantenemos las mismas prácticas. No tendría sentido sustituir un enchufismo por otro, una familia privilegiada por otra o una fidelidad partidista por una fidelidad diferente.
Lo que Guinea Ecuatorial necesita es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más profundo: que las oportunidades vuelvan a depender de la capacidad, del esfuerzo y de la preparación, y que las reglas sean iguales para todos.
La meritocracia no es una cuestión técnica. Es una cuestión de justicia, pero también de eficacia nacional.
Un hospital necesita buenos médicos. Una escuela necesita buenos profesores. Una Administración necesita funcionarios competentes y honestos. Una empresa necesita profesionales capaces.
No personas cuyo principal mérito sea conocer a alguien importante.
Por eso la transformación de Guinea Ecuatorial tendrá que ser también cultural y educativa.
Desde el PPGE queremos establecer un sistema formativo en el que cualquier guineano tenga una posibilidad real de alcanzar las metas educativas y profesionales que se proponga, sin que su origen, sus contactos o su pertenencia política determinen sus oportunidades.
La educación debe volver a ocupar un lugar central en la vida nacional.
Y no hablo solamente de la educación escolar. Hay personas que no pudieron estudiar, otras que tuvieron que abandonar sus estudios y otras que necesitan actualizar sus conocimientos. Todas tienen derecho a seguir formándose.
La formación no termina cuando una persona abandona la escuela. La formación solo termina cuando termina la vida.
Pero esto tampoco debe convertirse en una obsesión por la superación individual. Se trata de algo mucho más sencillo: una sociedad que aprende es una sociedad que mejora.
Un trabajador que aprende puede hacer mejor su trabajo. Un agricultor puede mejorar su producción. Un funcionario puede prestar un mejor servicio. Un profesor puede enseñar mejor. Un empresario puede dirigir mejor su empresa.
Y una persona que participa en una asociación, en una iniciativa comunitaria o en cualquier proyecto colectivo también aprende algo fundamental: que no está sola y que el país también depende de lo que haga cada uno.
Por eso queremos favorecer una verdadera cultura de formación permanente y de participación.
La participación social es también una escuela. Cuando una persona trabaja con otros aprende a escuchar, a aceptar una crítica, a reconocer un error y a buscar soluciones. Son aprendizajes esenciales para cualquier sociedad democrática.
Y eso lo sabe muy bien el equipo directivo del PPGE, que ha utilizado la participación y el trabajo en grupo como herramientas fundamentales para construir consensos, implicar a la comunidad y avanzar hacia objetivos compartidos.
La democracia debe hacer que el ciudadano mire también hacia los lados: hacia sus vecinos, sus compañeros, sus comunidades y sus compatriotas.
Porque un país no se construye únicamente desde el Gobierno.
Se construye desde una escuela, un hospital, una empresa, una asociación, una familia y desde cada lugar donde una persona decide hacer bien aquello que le corresponde.
No podemos seguir admirando a quien acumula riqueza sin preguntarnos cómo la ha conseguido. No podemos presentar como modelo a quien utiliza un cargo público para enriquecerse. Y no podemos enseñar a nuestros jóvenes que el camino más rápido hacia una vida mejor consiste en conseguir un contacto dentro de la Administración, afiliarse al partido del poder o acercarse a una familia poderosa.
Tenemos que volver a dignificar el conocimiento, el trabajo, la honestidad, la competencia profesional y el servicio a los demás.
Y eso es tarea de todos.
La dictadura tampoco puede convertirse en una excusa para nuestros propios comportamientos. Comprender el origen de una enfermedad no significa resignarse a ella.
Y eso es precisamente lo que veo demasiadas veces: resignación.
Si durante décadas se nos ha enseñado que el enchufe vale más que el mérito, tendremos que reaprender a valorar el mérito.
Si se nos ha enseñado que la política sirve para obtener favores, tendremos que demostrar que puede servir para defender derechos.
Si se nos ha enseñado a desconfiar del que piensa diferente, tendremos que aprender a convivir con la discrepancia.
Superar la dictadura no significa únicamente poner fin a un régimen político. Significa también superar las mentalidades que ese régimen ha generado o favorecido.
En algunos foros de guineanos se confunde la crítica a determinados comportamientos con el desprecio hacia nuestra propia sociedad.
No debemos caer en ese error