De la Redacción
El reciente “comunicado” de la Dirección General de Tráfico Rodado y Seguridad Vial, fechado en Malabo el 13 de febrero de 2026, no solo resulta pintoresco por su redacción confusa y casi improvisada; también constituye una prueba más de cómo la arbitrariedad administrativa ha sido normalizada en Guinea Ecuatorial. Lejos de aclarar derechos, el texto termina reconociendo implícitamente la existencia de un sistema de cobros en las barreras que durante años ha funcionado como una auténtica tasa informal contra los ciudadanos.
El documento anuncia que queda prohibido cobrar la llamada “HOJA DE RUTAS” a los taxis, argumentando que estos no tienen una ruta fija. Sin embargo, el propio comunicado admite, casi sin quererlo, que dicho cobro se venía realizando en controles de seguridad por todo el país. Lo que debería haber provocado una investigación y sanciones se presenta, en cambio, como una simple corrección administrativa limitada a un sector concreto. ¿Y el resto de los conductores? Silencio absoluto.
Las barreras, dispersas por la geografía nacional, se han convertido en un símbolo de las limitaciones de movimiento dentro del país. Para miles de ciudadanos, desplazarse entre ciudades implica detenerse repetidamente y enfrentarse a exigencias económicas que poco tienen que ver con la seguridad vial. Profesionales del transporte, comerciantes y trabajadores autónomos denuncian desde hace años que estos controles funcionan como una forma de extorsión pública tolerada por el sistema.
El presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), Armengol Engonga, ha sido claro al respecto: “No se puede construir un país moderno levantando muros internos contra sus propios ciudadanos. Las barreras no protegen; empobrecen, humillan y alimentan la corrupción cotidiana”. Desde el PPGE se insiste en que cualquier control de tráfico debe estar sometido a normas transparentes, sin pagos arbitrarios ni interpretaciones discrecionales por parte de agentes desplegados en carretera.
El comunicado, lejos de resolver el problema, lo ridiculiza. Reconoce el abuso, pero solo parcialmente, como si la ilegalidad fuese aceptable dependiendo de quién la sufra. La redacción torpe y casi caricaturesca del texto refleja una administración que improvisa sobre prácticas que nunca debieron existir.
Resulta inaudito que, en pleno siglo XXI, ciudadanos y profesionales tengan que asumir costes irregulares simplemente por desplazarse dentro de su propio país. Estas prácticas no solo erosionan la confianza institucional; también envían al exterior una imagen incompatible con cualquier aspiración turística. ¿Qué visitante internacional elegiría un destino donde los controles internos se perciben como puntos de presión económica?
Guinea Ecuatorial necesita carreteras seguras y normas claras, no barreras convertidas en peajes informales. Mientras el régimen continúe normalizando estos abusos, cualquier discurso sobre desarrollo, inversión o turismo quedará reducido a propaganda. Porque ningún país puede presentarse al mundo como destino abierto si primero levanta obstáculos contra la libertad de movimiento de su propia gente.