Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dijo en su día, con el cinismo propio de quien gobierna sin límites, que cuando él dejara el poder en Guinea Ecuatorial “no crecería ni la hierba”. No era una exageración retórica ni una boutade autoritaria: era una confesión política. Hoy, acorralado por la edad, el aislamiento internacional y el agotamiento de un modelo basado en el saqueo, el dictador parece decidido a cumplir su amenaza hasta el final, arrasando no solo las instituciones y el futuro del país, sino también su subsuelo.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha aprobado recientemente un ambicioso proyecto de exploración geofísica aérea para identificar y cartografiar minerales estratégicos en la Región Continental. La iniciativa, impulsada por el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue y ejecutada a través del Ministerio de Minas, Hidrocarburos y Desarrollo Minero, se presenta oficialmente como una apuesta por la diversificación económica. En realidad, es una carrera contrarreloj para localizar y apropiarse de los últimos recursos antes de que el régimen pierda el control.
Un contingente de 37 ingenieros extranjeros, dotados de tecnología aérea de última generación, ya opera en la parte continental del país con el objetivo de actualizar el mapa real del potencial minero. Oro, diamantes, coltán, cobre, níquel, plata y otros minerales estratégicos forman parte del botín que el régimen quiere identificar para ponerlo rápidamente al servicio de intereses opacos, sin control parlamentario, sin transparencia y sin beneficio alguno para la población.
“Estamos ante un saqueo planificado y ejecutado desde el poder”, ha denunciado Armengol Engonga, presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE). “Se habla de diversificación, pero lo único que se diversifica es el expolio. El pueblo sigue sin agua potable, sin hospitales dignos y sin oportunidades, mientras el régimen prepara su huida vendiendo el país por partes”.
Según diversas informaciones, el dictador ha recurrido a un consorcio internacional de inversores de distintos países para realizar estas prospecciones mediante helicópteros especializados, capaces de detectar desde el aire los puntos estratégicos con mayor concentración de recursos minerales. El método revela la urgencia del régimen: localizar rápido, explotar rápido y transferir rápido antes de que cualquier transición política pueda poner límites al saqueo.
Incluso estos nuevos socios, poco conocidos por su sensibilidad democrática, plantearon preguntas que el régimen no pudo responder. Exigieron conocer cuál es la relación real de Guinea Ecuatorial con los países occidentales y cuál es la situación política y social interna. No por razones éticas, sino por puro cálculo económico: ninguna operación de esta magnitud se emprende sin estabilidad diplomática ni garantías mínimas.

“Cuando ni siquiera sus propios socios confían en la versión oficial, queda claro que el régimen es consciente de su aislamiento”, afirmó Engonga. “Obiang no puede explicar al mundo cómo se lleva con Occidente porque está políticamente marcado, ni puede describir la situación del país porque sabe que gobierna sobre un pueblo empobrecido y silenciado”.
Guinea Ecuatorial es hoy un país señalado por la corrupción sistémica, la represión, la ausencia total de libertades y el uso patrimonial del Estado. El pueblo no ha sido consultado sobre este proyecto, no existe debate público y no hay ninguna garantía de que los ingresos derivados de una futura explotación minera reviertan en educación, sanidad o desarrollo. La experiencia del petróleo es suficientemente elocuente.
“Los recursos naturales pertenecen a los guineanos, no a una familia ni a un clan”, subrayó Engonga. “Cada vuelo de prospección sin control democrático es un paso más hacia la liquidación total de nuestra soberanía”.
Este proyecto no es desarrollo ni modernización. Es el último saqueo. Un intento desesperado de convertir el subsuelo del país en un salvavidas personal para un régimen que sabe que su tiempo se agota. Obiang no quiere dejar un país viable, ni instituciones fuertes, ni oportunidades para las próximas generaciones. Quiere dejar un solar político, económico y moral.
A ello se suma un hecho revelador: el capital extranjero serio ya no se arriesga a invertir en Guinea Ecuatorial. Ningún inversor responsable compromete recursos en un país donde no existen garantías jurídicas, seguridad legal ni respeto a las reglas mínimas del Estado de derecho. Toda inversión persigue beneficios y, en su defecto, al menos la certeza de que el capital podrá recuperarse amparado por una ley vigente y estable. En Guinea Ecuatorial, hoy, eso es un imposible. El propio régimen ha demostrado que no puede —ni quiere— ofrecer ese marco legal básico que los gobiernos serios elaboran y sostienen para atraer inversión extranjera.
La comunidad internacional, especialmente Europa y España, no puede seguir mirando hacia otro lado. Cada helicóptero que sobrevuela el territorio guineano en busca de minerales sin control ni legitimidad confirma que Guinea Ecuatorial sigue secuestrada por una dictadura que ya no gobierna para mantenerse, sino para huir.
Cuando Obiang dijo que no crecería ni la hierba, hablaba en serio.
Ahora pretende que tampoco quede nada bajo tierra.


