Por Juan Cuevas
Mientras en Occidente proliferan las batallas culturales identitarias, en África los desafíos siguen siendo mucho más básicos: libertad política, instituciones sólidas y dignidad para sus ciudadanos.
Durante décadas, las democracias occidentales han convivido con movimientos sociales que denunciaban injusticias. Era parte natural del proceso democrático: señalar problemas, debatirlos y buscar soluciones. Sin embargo, en los últimos años ha surgido algo distinto. Una nueva cultura política que no solo denuncia injusticias, sino que pretende redefinir la propia noción de verdad. Esa cultura se conoce hoy como woke.
El término procede del inglés to wake, despertar. En su origen hacía referencia a la conciencia frente a las injusticias sociales. Pero con el tiempo ha evolucionado hacia algo más ambicioso: una visión ideológica que aspira a determinar quién posee autoridad moral para hablar, quién debe callar y qué opiniones pueden considerarse legítimas en el debate público.
Muchos analistas sitúan sus raíces en la contracultura surgida tras las revueltas culturales de finales de los años sesenta. Aquella cultura de protesta fue fundamental para denunciar desigualdades reales, pero también se caracterizó por la ausencia de propuestas constructivas que sustituyeran al sistema que criticaba.
La cultura woke hereda precisamente esa lógica. Se alimenta de agravios —reales o percibidos— y los convierte en el eje de su narrativa política. Pero rara vez ofrece soluciones concretas. Su motor no es la construcción de un proyecto común, sino la identificación permanente de culpables.
En esta lógica, la política deja de centrarse en proyectos colectivos y pasa a organizarse en torno a identidades enfrentadas. Como explica el historiador Pablo Pérez López, el foco se desplaza hacia la víctima como sujeto central de la política.
Partido del Progreso: alejado de la palabrería estéril, centrado en el trabajo fecundo
Este cambio tiene consecuencias profundas. El debate racional pierde peso frente a la legitimidad moral del grupo que habla. La verdad deja de construirse mediante argumentos y evidencias para convertirse en una afirmación ideológica definida por quienes se consideran moralmente despiertos.
Paradójicamente, una ideología que se presenta como emancipadora está produciendo nuevas formas de censura social. Conferencias canceladas en universidades, profesores señalados por opiniones incómodas o artistas criticados por representar historias consideradas inapropiadas se han convertido en episodios cada vez más habituales en el mundo occidental.
La democracia liberal, sin embargo, no se basa en la unanimidad moral. Se basa en el pluralismo, en la posibilidad de disentir y en la convicción de que ninguna ideología posee el monopolio de la verdad.
Por eso resulta especialmente relevante recuperar una tradición política que ha sido decisiva en la construcción de Europa: la tradición democratacristiana.
Frente a la lógica identitaria, el pensamiento democratacristiano coloca en el centro a la persona. No a la víctima como categoría política ni al grupo como sujeto moral absoluto, sino a la dignidad irreductible de cada ser humano.
Esta tradición, inspirada en el humanismo cristiano, fue fundamental en la reconstrucción democrática de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Políticos como Adenauer, De Gasperi o Schuman entendieron que la libertad solo podía sostenerse si se reconocía la dignidad de cada persona y se construían instituciones orientadas al bien común.
En esa visión, la justicia social no se alcanza enfrentando identidades, sino fortaleciendo comunidades políticas donde las personas puedan desarrollar su libertad en relación con los demás.
Precisamente por eso, el personalismo cristiano puede representar hoy uno de los antídotos más sólidos frente a la cultura woke. Frente a la política de la sospecha permanente, propone una política de responsabilidad. Frente a la fragmentación identitaria, propone el reconocimiento de una dignidad común.
Pero hay otro elemento que raramente se menciona en estos debates: el contexto.
La cultura woke es, en gran medida, un producto de sociedades occidentales prósperas, donde las luchas culturales han sustituido a problemas materiales más urgentes. Sin embargo, trasladar esos debates a otras realidades puede resultar profundamente artificial.
En África —y particularmente en Guinea Ecuatorial— los desafíos políticos son muy distintos. Allí el problema central no es el lenguaje inclusivo ni la revisión simbólica del pasado colonial. El problema es la ausencia de libertades políticas, la fragilidad institucional y la necesidad de construir Estados que garanticen derechos básicos a sus ciudadanos.
Pretender importar las guerras culturales de los campus universitarios occidentales a ese contexto no solo resulta irrelevante; puede convertirse en una distracción frente a los verdaderos desafíos.
África necesita instituciones, desarrollo económico, seguridad jurídica y libertades políticas. Necesita sociedades abiertas donde cada persona pueda desarrollar su vida con dignidad.
En este contexto, el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorialrepresenta una propuesta política clara y coherente. Inspirado en la tradición democratacristiana, sitúa a la persona en el centro de su acción política y defiende la construcción de un Estado de derecho sólido, basado en libertades fundamentales, justicia social y responsabilidad institucional.
Bajo el liderazgo de Armengol Engonga, el partido plantea una alternativa que no se pierde en debates identitarios importados, sino que afronta directamente los retos reales del país: democratización, desarrollo y dignidad para todos los ciudadanos.
Y es precisamente ahí donde reside la diferencia esencial.
Las sociedades no se construyen únicamente denunciando injusticias.
Se construyen reconociendo la dignidad de la persona y ofreciendo caminos para su libertad.
Ese fue el fundamento moral de la democracia europea.
Y puede ser también una brújula para el futuro de África.