De la redacción
Han pasado años de ingresos multimillonarios procedentes del petróleo. Ese dinero pudo haberse invertido en radares modernos, sistemas de vigilancia aérea, equipos de búsqueda y rescate, tecnología de geolocalización y unas Fuerzas Armadas verdaderamente preparadas. Sin embargo, la prioridad del régimen nunca ha sido fortalecer el Estado, sino garantizar su propia permanencia en el poder.
La desaparición de una aeronave militar durante días, sin información clara, sin resultados y sin una respuesta convincente, constituye un golpe devastador para la credibilidad del Gobierno. Si un Estado es incapaz de localizar uno de sus propios helicópteros, ¿cómo puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos?
Las críticas del PPGE apuntan precisamente a esa falta de capacidad institucional y a una gestión centrada durante décadas en los intereses de la élite gobernante antes que en el fortalecimiento de los servicios públicos. La ausencia de transparencia durante la búsqueda ha alimentado todavía más la desconfianza y la indignación de la población.
Mesa de trabajo del PPGE, Presidida por Armengol Engonga
Resulta inevitable preguntarse dónde fueron a parar los miles de millones de dólares ingresados por el Estado. Porque si después de más de cuatro décadas de gobierno absoluto no existen los medios mínimos para localizar una aeronave militar desaparecida, la conclusión política para muchos ciudadanos es evidente: el dinero no se destinó a construir un Estado moderno y eficiente.
Este episodio también obliga a abrir otro debate: el de la calidad de las compras públicas realizadas por el régimen, especialmente las procedentes de China. El helicóptero siniestrado pertenece a la familia Harbin Z-9, un aparato fabricado por la empresa china Harbin Aircraft Manufacturing Corporation a partir de la tecnología del Airbus AS365 Dauphin. Aunque no puede afirmarse que este accidente obedeciera a un fallo de fabricación sin una investigación independiente, sí existen antecedentes que deberían llevar al Gobierno a explicar qué controles de calidad, mantenimiento y seguridad se aplican a este tipo de aeronaves.
Bolivia, por ejemplo, adquirió en 2014 seis helicópteros Harbin Z-9 por 108 millones de dólares. Con el paso de los años surgieron informes que denunciaban problemas de mantenimiento, averías repetitivas asociadas a piezas defectuosas y una formación insuficiente para pilotos y personal técnico. Estos antecedentes no prueban que exista una relación con lo ocurrido en Guinea Ecuatorial, pero sí ponen de manifiesto la necesidad de esclarecer si el material adquirido por el Estado reúne los estándares exigibles para garantizar la seguridad de sus tripulaciones.
La preocupación no se limita al ámbito militar. La estrecha relación comercial entre el régimen y empresas estatales chinas ha dejado numerosas obras públicas y promociones de viviendas cuya calidad ha sido cuestionada por ciudadanos y profesionales, con denuncias sobre deterioros prematuros y grietas aparecidas poco tiempo después de su entrega. Cuando la adjudicación de contratos responde más a intereses políticos que a criterios de calidad y transparencia, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los ciudadanos.
Lo más preocupante no es únicamente la desaparición del helicóptero. Es la reacción del poder. En lugar de ofrecer información constante, coordinar a las instituciones y rendir cuentas, el régimen volvió a recurrir a la opacidad. En una democracia, una tragedia de estas dimensiones habría provocado comparecencias públicas, investigaciones independientes y la exigencia inmediata de responsabilidades políticas. En Guinea Ecuatorial, en cambio, reina el silencio.
Las familias de los cuatro pilotos merecen verdad, respeto y explicaciones. No pueden convertirse en una estadística más ni en víctimas del abandono institucional.
Después de más de cuatro décadas en el poder, el Gobierno de Obiang difícilmente puede atribuir este fracaso a factores externos. Cuando un régimen concentra todo el poder, también concentra toda la responsabilidad. Si controla el presupuesto, las Fuerzas Armadas, las instituciones y las decisiones estratégicas, también debe responder cuando el Estado demuestra semejante nivel de incapacidad.
La desaparición del helicóptero no es solo una tragedia humana. Es el símbolo de un modelo político agotado: un país rico administrado como si fuera pobre, unas instituciones debilitadas por décadas de personalismo y una población que sigue pagando las consecuencias de una gestión que, para muchos, ha priorizado la conservación del poder por encima de la construcción de un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos.
La memoria de los cuatro pilotos exige algo más que discursos oficiales. Exige verdad, transparencia, responsabilidades y un cambio profundo en la forma de gobernar Guinea Ecuatorial. Porque cuando un Estado no puede encontrar a sus propios militares, lo que está perdido no es solo un helicóptero: es la confianza de todo un pueblo.