Por Juan Cuevas, Secretario de Formación del PPGE
El noble exilio no está a salvo de la larga mano del régimen de Obiang y de quienes, desde dentro o desde fuera, pretenden desbaratar la oposición democrática enviando lacayos a hacer el trabajo sucio. Hay algunos dentro de los grupos de WhatsApp de opositores que han participan en campañas de insulto y descrédito contra exiliados utilizando expresiones tan soeces que no merecen ser reproducidas. Se nos llama “ratas” y “cucarachas”, palabras que inevitablemente evocan uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea africana. Fueron precisamente esos términos los que popularizó Valerie Bemeriki, una de las principales propagandistas del odio durante el genocidio de Ruanda. Cuando una sociedad empieza a deshumanizar al adversario, conviene detenerse y reflexionar antes de que sea demasiado tarde.
Me preocupa profundamente que estos comportamientos se estén normalizando en espacios donde debería prevalecer el respeto. Si el objetivo común es construir una Guinea Ecuatorial democrática tras décadas de dictadura, resulta incomprensible que algunos pretendan hacerlo reproduciendo las mismas prácticas de intolerancia, exclusión y persecución que durante tanto tiempo hemos denunciado. La transición no puede edificarse sobre el odio. Debe construirse sobre el debate, el pluralismo y el respeto mutuo.
Hay momentos en la historia de los pueblos en los que las palabras dejan de ser simples opiniones para convertirse en armas. El odio no nace de un día para otro. Se siembra lentamente, se alimenta con la mentira, la calumnia y la deshumanización del adversario, hasta que termina haciendo creer que quien piensa diferente merece ser perseguido o eliminado. La historia africana conoce demasiado bien las consecuencias de ese camino.
Los guineanos contemplamos con preocupación cómo determinados sectores del exilio han convertido el insulto, la amenaza y la violencia verbal en una forma habitual de hacer política. No se combate una idea con otra idea, sino que se intenta destruir moralmente a la persona que la defiende. Quien no comparte determinadas posiciones es señalado, acosado y, en ocasiones, incluso amenazado de muerte. Ese clima no construye democracia; destruye la convivencia.
Resulta especialmente doloroso que estas actitudes se produzcan precisamente entre personas que han encontrado refugio en países democráticos. El exilio guineano ha conocido de primera mano el valor de las libertades públicas, de la independencia judicial, de la libertad de expresión y del pluralismo político. Ha vivido en sociedades donde las diferencias se canalizan mediante el debate y el respeto a las instituciones, no mediante el linchamiento personal. Por ello, el exilio tiene una responsabilidad histórica: ser ejemplo de la Guinea Ecuatorial que aspira a construir.
Quienes durante años han disfrutado de las garantías propias de un Estado de Derecho deberían ser los primeros en promover una auténtica cultura del encuentro. Esa cultura exige reconocer la dignidad del otro, incluso cuando piensa de forma radicalmente distinta. Exige comprender que nadie posee el monopolio de la verdad ni del patriotismo y que el futuro del país solo podrá edificarse integrando sensibilidades diversas. Una democracia no consiste en imponer el silencio al discrepante, sino en garantizar que todas las voces puedan expresarse dentro del respeto mutuo.
La cultura del encuentro es incompatible con la exclusión, el insulto y las amenazas. Es incompatible con señalar a personas para convertirlas en enemigos públicos, con ridiculizar sus familias, con alimentar campañas de difamación o con justificar el acoso en nombre de una supuesta causa superior. Quien pretende construir una democracia utilizando métodos propios del autoritarismo acaba reproduciendo aquello que dice combatir.
La inmensa mayoría de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial no ha conocido otra realidad política que la dictadura. Varias generaciones han crecido sin experimentar una verdadera alternancia democrática, sin aprender la cultura del pacto, de la negociación y del respeto al adversario. Precisamente por ello, quienes han vivido durante décadas en democracias consolidadas tienen el deber moral de transmitir esos valores y no de importar al debate político las peores prácticas de la confrontación.
El exilio no debe convertirse en una prolongación del enfrentamiento permanente. Debe ser una escuela de ciudadanía democrática. La autoridad moral de quienes luchan por el cambio no depende únicamente de denunciar los abusos del régimen, sino también de demostrar que son capaces de actuar de manera diferente. Si la oposición reproduce el lenguaje de la exclusión y del odio, corre el riesgo de perder la superioridad ética que constituye uno de sus principales patrimonios.
Los recientes ataques dirigidos contra el presidente del Partido del Progreso, Armengol Engonga, y contra otros miembros de su equipo constituyen un ejemplo preocupante de esa deriva. Nadie debería ser condenado por rumores, campañas de descrédito o acusaciones lanzadas sin pruebas. En una sociedad democrática, la carga de la prueba corresponde a quien acusa, no a quien es acusado.
Durante demasiado tiempo hemos soportado el insulto, la burla y la descalificación como si fueran instrumentos legítimos de la confrontación política. Entre quienes más han contribuido a alimentar ese clima de hostilidad se encuentra una ciudadana española que, desde las redes sociales, dedica buena parte de su actividad a insultar y deshumanizar a quienes no comparten sus posiciones políticas. Ese comportamiento resulta especialmente grave cuando el discurso va acompañado de mensajes que, en nuestra opinión, pueden contribuir a legitimar el acoso y la intimidación como formas de actuación política.
Nadie debería sentirse legitimado para señalar a personas por sus ideas ni para fomentar un ambiente en el que las amenazas o el acoso se perciban como algo normal. La discrepancia política forma parte de la democracia; el odio, la humillación y la intimidación no.
Tampoco han escapado a esa campaña algunas activistas identificadas con el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, que han sido objeto de insultos, burlas y ataques personales simplemente por expresar sus convicciones. Cuando se pretende silenciar a una persona mediante la intimidación en lugar de rebatir sus argumentos, se está empobreciendo el debate público y debilitando los principios básicos de una convivencia democrática.
La respuesta del presidente Armengol Engonga ha sido la que corresponde a un dirigente responsable: serenidad, firmeza y confianza en los mecanismos legales. Frente al insulto, argumentos; frente a la difamación, la justicia; frente al odio, la defensa del Estado de Derecho. Esa actitud demuestra que es posible hacer política sin caer en la espiral de la revancha.
Quienes interpretan la presentación de una denuncia como un acto de venganza olvidan que la impunidad alimenta a quienes utilizan la mentira como instrumento político. Defender el honor y exigir responsabilidades legales no es perseguir a nadie; es proteger un espacio público donde el debate pueda desarrollarse con respeto y con verdad.
La historia ofrece lecciones que nunca deberían olvidarse. Entre abril y julio de 1994, Ruanda sufrió uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Antes de que comenzaran las matanzas, hubo meses de propaganda sistemática, de discursos que convertían al adversario en un enemigo absoluto y de mensajes que legitimaban el odio.
Entre las voces más influyentes de aquella maquinaria de propaganda se encontraba Valerie Bemeriki, una de las principales locutoras de la Radio Télévision Libre des Mille Collines, conocida como “la radio del odio”. Desde sus micrófonos contribuyó a difundir un discurso que presentaba a los tutsis y a los hutus moderados como enemigos a los que había que eliminar. Años después sería condenada por su participación en la incitación al genocidio.
Resulta especialmente significativo recordar que una mujer desempeñó un papel tan destacado en aquella campaña de odio. Ello demuestra que la responsabilidad de alimentar la violencia no depende del sexo, sino de las decisiones que cada persona toma cuando utiliza la palabra como instrumento de destrucción en lugar de emplearla para construir convivencia.
Guinea Ecuatorial no puede permitirse recorrer ese camino. Ninguna causa política, por noble que se proclame, justifica las amenazas de muerte, la incitación al odio o la demonización de quienes apoyan al Gobierno, a la oposición o a cualquier otra opción política. Hoy se señala a unos; mañana podrían ser otros. Cuando desaparece el respeto al adversario, pierde toda la sociedad.
El Partido del Progreso, presidido por Armengol Engonga, mantiene un compromiso inequívoco con la reconciliación nacional. No aspiramos a sustituir un enfrentamiento por otro, ni una exclusión por otra. Aspiramos a construir una Guinea Ecuatorial donde todos los ciudadanos puedan vivir y participar en la vida pública sin miedo, sin amenazas y sin campañas de odio.
La reconciliación exige memoria, responsabilidad y respeto. Exige comprender que las palabras nunca son inocentes. Pueden tender puentes o levantar muros; pueden salvar vidas o preparar el terreno para la violencia. La historia de Ruanda nos recuerda hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el odio sustituye a la política. Aprender esa lección es una obligación moral para todos los guineanos. La democracia que anhelamos no nacerá únicamente de unas elecciones libres, sino de una transformación profunda de nuestra cultura política. Esa transformación comienza por reconocer al adversario como un compatriota y no como un enemigo, por sustituir el insulto por el argumento y la amenaza por el diálogo. Solo así la transición será duradera y la reconciliación dejará de ser un eslogan para convertirse en una realidad compartida.