Por Juan Cuevas, Secretario de Formación del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE)
Guinea Ecuatorial ofrece una de las grandes paradojas de África: un país extraordinariamente rico en recursos naturales, pero donde una parte importante de sus ciudadanos continúa viviendo en condiciones que no se corresponden con esa riqueza.
Petróleo, gas, madera y pesca han generado durante décadas importantes ingresos para el Estado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿por qué esa riqueza no se transforma en prosperidad para los ecuatoguineanos?
Las cifras son reveladoras. Guinea Ecuatorial figura entre los países africanos con mayor renta por habitante, pero ocupa el puesto 133 de 193 países en el Índice de Desarrollo Humano. Además, el Banco Mundial estima que alrededor del 57 % de la población vivía en 2024 por debajo del umbral de 6,85 dólares diarios.
La paradoja resulta difícil de explicar si solamente se observan los recursos y los ingresos del Estado. Se entiende mejor cuando se analiza cómo se administra esa riqueza y qué instituciones existen para garantizar que revierta en el conjunto de la sociedad.
Según informa Diario Rombe, un reciente nombramiento vuelve a poner esta cuestión sobre la mesa. Montserrat Mbasogo Edu Angue, sobrina de Constancia Mangue Nsue Okomo, ha sido designada Tesorera Pagadora General, después de haber ocupado la Dirección General de Protocolo de la Primera Dama. Con ello, una función especialmente sensible para la gestión de los pagos del Estado queda nuevamente vinculada a un entorno familiar que ya concentra importantes posiciones de poder.
El problema no es el parentesco en sí mismo. El problema es la concentración de responsabilidades públicas estratégicas dentro de un mismo círculo familiar, porque las instituciones del Estado deberían funcionar con criterios de profesionalidad, transparencia, mérito y control público.
Desde hace muchos años, el Partido del Progreso viene defendiendo que los ingresos procedentes del petróleo debieron utilizarse para impulsar la creación de empresas nacionales, fortalecer al empresariado ecuatoguineano y diversificar la economía. Sin embargo, la dictadura ha hecho prácticamente lo contrario: ha utilizado la riqueza generada por los hidrocarburos para consolidar un modelo económico excesivamente dependiente del Estado y estrechamente vinculado al poder político.
El petróleo no construye por sí solo una economía próspera. Los ingresos del gas tampoco garantizan automáticamente mejores hospitales, escuelas, salarios o condiciones de vida.
La riqueza procedente de los recursos naturales solamente adquiere verdadero sentido cuando se transforma en capital humano, empleo, empresas, infraestructuras y oportunidades para la población.
Ésa debería haber sido una de las grandes prioridades de Guinea Ecuatorial durante los años de mayores ingresos petroleros: utilizar una riqueza que, por definición, es temporal y limitada para construir una economía capaz de sostenerse cuando esos recursos disminuyan.
Pero el país sigue teniendo importantes dificultades para diversificar su economía. La dependencia de los hidrocarburos continúa siendo elevada, mientras sectores capaces de generar empleo y riqueza de forma más amplia —como la agricultura, la transformación industrial, el turismo o las pequeñas y medianas empresas— siguen necesitando un marco mucho más favorable.
Y existe, además, un problema todavía más profundo: una parte enorme de la población está prácticamente excluida de la actividad económica por razones políticas. En Guinea Ecuatorial, quienes no forman parte del entorno del PDGE encuentran enormes dificultades para desarrollar libremente actividades empresariales y económicas. De este modo, el acceso a las oportunidades económicas termina dependiendo, en demasiados casos, de la proximidad al poder político.
Y aquí aparece otra cuestión fundamental: no puede existir una economía dinámica sin seguridad jurídica.
Los ciudadanos deben poder crear una empresa sin depender de sus relaciones con el poder. Los inversores necesitan reglas claras. Los emprendedores necesitan saber que sus derechos serán respetados. Y los recursos públicos deben estar sometidos a controles que impidan que el interés particular se imponga sobre el interés general.
Una democracia moderna exige distinguir claramente entre el Estado y quienes gobiernan temporalmente.
Los recursos naturales pertenecen a la nación. El Gobierno tiene la responsabilidad de administrarlos en beneficio del conjunto de la sociedad, no de convertirlos en una fuente de poder económico y político para determinados grupos.
Ésta es también una cuestión profundamente ligada a la concepción democristiana de la política del PPGE: la economía debe estar al servicio de la persona y del bien común. El Estado debe garantizar justicia, seguridad jurídica y oportunidades, pero no sustituir a la sociedad ni convertirse en propietario o controlador de toda la actividad económica.
Una economía sana necesita ciudadanos libres, empresas independientes, propiedad privada protegida, iniciativa social y un Estado que establezca reglas justas y las haga cumplir. La prosperidad no se decreta desde un despacho ni se distribuye como un favor político: se construye creando las condiciones para que las personas puedan trabajar, emprender, invertir y desarrollar sus propios proyectos de vida.
La riqueza debe permitir que cada ciudadano pueda desarrollar ese proyecto de vida. Por eso, el debate sobre el futuro de Guinea Ecuatorial no puede limitarse a denunciar lo que no funciona. También hay que estar preparados para gobernar de otra manera.
En este sentido, el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial ha elaborado un Plan de Emergencia para los seis primeros meses de un eventual Gobierno de Unidad Nacional. El documento establece una hoja de ruta para afrontar las necesidades más urgentes del país y poner en marcha, desde el primer momento, las reformas necesarias para recuperar las instituciones, mejorar la gestión pública y sentar las bases de una economía al servicio de los ciudadanos.
No se trata únicamente de sustituir a unas personas por otras. El verdadero cambio debe consistir en cambiar la forma de entender y ejercer el poder: pasar de un Estado concentrado alrededor de intereses familiares y políticos a unas instituciones al servicio del bien común.
Guinea Ecuatorial dispone de recursos suficientes para construir un futuro mucho mejor. Lo que necesita es que esos recursos sean administrados con transparencia, responsabilidad y una visión verdaderamente nacional.
La verdadera riqueza de Guinea Ecuatorial no está solamente debajo de su suelo. Está en sus ciudadanos.