Por Juan Cuevas, secretario de Formación del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE)
Hay una antigua historia de Mesopotamia que ha sobrevivido durante más de cuatro mil años porque habla de algo que sigue formando parte de la condición humana: el poder, el miedo a perderlo y la imposibilidad de escapar para siempre del paso del tiempo. Es la historia de Gilgamesh, el rey de Uruk que creyó que su fuerza y su poder podían desafiar incluso los límites de la existencia. Solo después de enfrentarse a la muerte comprendió que ningún gobernante puede dominarlo todo ni permanecer eternamente.
Guinea Ecuatorial parece encontrarse hoy ante una cuestión semejante. Durante décadas, el poder político se ha concentrado en torno a una misma estructura y a una misma familia, hasta el punto de que el Estado, el partido gobernante y los intereses económicos de las élites aparecen estrechamente entrelazados. Pero ningún sistema político puede escapar indefinidamente a la realidad. Y la realidad de Guinea Ecuatorial es que el modelo construido durante décadas está mostrando signos cada vez más evidentes de agotamiento.
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo lleva desde 1979 al frente del Estado. Mientras tanto, Teodoro Nguema Obiang Mangue y otros miembros de la familia presidencial han adquirido una presencia determinante en la dirección política y económica del país. Esta concentración del poder no ha resuelto los problemas fundamentales de Guinea Ecuatorial. Al contrario, la situación económica, las dificultades sociales, la falta de oportunidades para los jóvenes y el deterioro de los servicios públicos muestran que la estabilidad política no puede confundirse con la estabilidad de un país.
Guinea Ecuatorial vive una paradoja cada vez más difícil de ocultar: un Estado que durante años recibió enormes ingresos procedentes del petróleo y del gas y que, sin embargo, no ha conseguido construir una economía suficientemente diversificada ni generar oportunidades proporcionales a aquella riqueza. La producción de hidrocarburos ha descendido y las cuentas públicas están sometidas a una presión creciente, mientras la economía continúa dependiendo de un sector cuya capacidad para sostener indefinidamente al país es limitada.
La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en cuánto petróleo queda. La verdadera pregunta es qué se hizo con la riqueza que produjo el petróleo y por qué no se utilizaron aquellos recursos para construir instituciones sólidas, una educación de calidad, un sistema sanitario eficaz y una economía privada capaz de funcionar más allá de los círculos próximos al poder.
No puede existir una verdadera diversificación económica cuando la iniciativa privada está sometida a la arbitrariedad política. Un empresario necesita reglas claras, seguridad jurídica y garantías de que su éxito dependerá de su capacidad y de su trabajo, no de sus relaciones con el poder. Cuando cualquier iniciativa importante termina necesitando la autorización, protección o intermediación de algún elemento del aparato político o de las élites vinculadas al Gobierno, la economía deja de ser verdaderamente libre y la inversión termina convirtiéndose en una cuestión de proximidad al poder.
El problema económico de Guinea Ecuatorial es, por tanto, inseparable de su problema político. No se puede pedir a los ciudadanos que creen empresas, inviertan y arriesguen su patrimonio mientras las reglas pueden cambiar dependiendo de quién tenga influencia sobre las instituciones. Tampoco se puede construir una economía moderna si el Estado continúa siendo el principal centro de oportunidades y si el acceso a los recursos públicos permanece rodeado de opacidad.
Las dudas sobre la gestión de los recursos públicos se han visto agravadas durante años por las investigaciones internacionales relacionadas con miembros de la élite gobernante. En el caso de Teodorín, existen condenas y procedimientos judiciales documentados en distintos países por cuestiones relacionadas con corrupción, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Francia confirmó su condena por blanqueo de capitales y Estados Unidos llevó a cabo procedimientos de confiscación de bienes vinculados a fondos que sus autoridades consideraban procedentes de prácticas corruptas. Estos hechos forman parte de un expediente internacional que difícilmente puede ser ignorado cuando se analiza la relación entre poder político, patrimonio privado y recursos públicos en Guinea Ecuatorial.
Y mientras las élites disputan espacios de poder, la mayoría de los guineanos contempla un futuro cada vez más incierto. La formación no responde a las necesidades de una economía moderna y las oportunidades laborales son escasas. Muchos jóvenes crecen sabiendo que disponer de estudios no garantiza encontrar un empleo y que emprender por cuenta propia puede convertirse en una carrera de obstáculos.
Un país que no ofrece oportunidades a sus jóvenes está hipotecando su futuro. No hay petróleo que pueda compensar indefinidamente la pérdida de talento, la emigración, la frustración de una generación y la dependencia de las estructuras políticas para poder prosperar.
La situación de los servicios públicos tampoco permite hablar de una sociedad que esté aprovechando correctamente sus recursos. En la sanidad continúan existiendo graves carencias y durante años se han denunciado problemas de medios, atención y funcionamiento. Cada muerte que pueda estar relacionada con la falta de recursos o con deficiencias evitables en la atención sanitaria debería ser motivo suficiente para exigir responsabilidades y reformas. Lo mismo ocurre con las denuncias sobre muertes de militares y civiles jóvenes en circunstancias que generan preocupación entre sus familias y entre amplios sectores de la sociedad. Un Estado serio debe investigar estos hechos con transparencia y ofrecer respuestas a los ciudadanos.
Pero quizá el problema más profundo sea otro: la pérdida de confianza.
Una parte importante de la población que no pertenece al PDGE o que es identificada como opositora vive con la sensación de encontrarse excluida de su propio país. Cuando la discrepancia política puede convertirse en un motivo para quedar fuera de las oportunidades económicas, profesionales o administrativas, la ciudadanía deja de sentirse parte de un Estado común y empieza a percibir las instituciones como instrumentos de un grupo determinado.
Ese es el verdadero peligro para cualquier país. No la existencia de una oposición, sino la ausencia de canales legítimos para que esa oposición pueda expresarse, organizarse y participar en la construcción del futuro nacional.
Guinea Ecuatorial necesita romper ese círculo.
No necesita una nueva lucha por el control del mismo aparato de poder. Necesita cambiar las reglas del juego.
La experiencia de Gilgamesh contiene precisamente una enseñanza que sigue teniendo vigencia miles de años después: el poder no puede detener el tiempo. Un gobernante puede construir palacios, acumular riquezas, rodearse de personas fieles y tratar de asegurar su legado, pero finalmente llega el momento en que debe responder ante la historia por aquello que hizo con el poder que tuvo.
La historia no recordará únicamente cuánto tiempo permaneció alguien en el poder. Recordará qué país dejó detrás de sí.
Y esa es la cuestión que Guinea Ecuatorial tiene delante.
¿Vamos a continuar prolongando un modelo político que concentra el poder en una familia y que no ha conseguido convertir la riqueza nacional en bienestar para la mayoría, o vamos a abrir un proceso que permita reconstruir el país sobre instituciones democráticas, seguridad jurídica, libertad económica y participación ciudadana?
El Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial ha planteado una respuesta: iniciar una transición política hacia la democracia mediante un Gobierno de Unidad Nacional que permita abandonar el modelo basado en la concentración familiar del poder y abrir una nueva etapa institucional.
Una transición no debe entenderse como una venganza ni como un ajuste de cuentas. Debe ser un proceso político ordenado que permita recuperar las instituciones, garantizar las libertades, reconstruir la confianza y establecer unas reglas que sean iguales para todos los guineanos.
Guinea Ecuatorial necesita recuperar la política como servicio público, la economía como espacio de libertad y el Estado como patrimonio de todos los ciudadanos. Necesita que las instituciones estén por encima de las personas y que ninguna familia pueda considerarse propietaria de los recursos nacionales.
También necesita mirar hacia adelante. La generación joven no puede seguir esperando indefinidamente. Necesita educación, empleo, libertad para emprender y la posibilidad de construir su vida sin depender de la cercanía al poder. El país necesita empresarios que puedan invertir sin pedir permiso a las élites, funcionarios que respondan ante la ley, jueces independientes y unas cuentas públicas sometidas al control de instituciones transparentes.
Después de décadas de un mismo modelo político, Guinea Ecuatorial se encuentra ante una decisión histórica. No se trata simplemente de cambiar a una persona por otra. Se trata de decidir si el país continuará sometido a una estructura política construida alrededor de una familia o si comenzará a construir un Estado basado en instituciones.
El tiempo, como descubrió Gilgamesh, termina imponiéndose incluso sobre los más poderosos. Ningún poder es eterno y ningún sistema puede vivir permanentemente de espaldas a la realidad.
Guinea Ecuatorial tiene todavía recursos, talento y posibilidades suficientes para reconstruir su futuro. Lo que necesita es una transformación política que permita poner esos recursos al servicio de toda la sociedad.
Por eso la transición democrática no debe contemplarse como una amenaza para Guinea Ecuatorial, sino como una oportunidad para recuperar el país.