De la Redacción
El Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) ha recibido un nuevo testimonio procedente del Hospital Regional de Bata en el que trabajadores del centro denuncian graves irregularidades que, de ser ciertas, reflejarían el profundo deterioro del sistema sanitario nacional bajo el régimen de Teodoro Obiang Nguema.
Según la información remitida a este medio, la dirección del hospital habría permitido la implantación de una estructura de corrupción que afectaría a numerosos servicios esenciales del centro. Las denuncias describen un funcionamiento en el que determinados empleados cobrarían ilegalmente a los pacientes por análisis clínicos, entregarían resultados presuntamente falsificados o comercializarían medicamentos destinados al hospital.
Especialmente preocupante resulta la situación denunciada en el servicio de maternidad, donde, según la fuente, algunas enfermeras venderían medicamentos a mujeres recién intervenidas quirúrgicamente, obligándolas a adquirir productos que deberían formar parte de la atención hospitalaria ordinaria.
Las denuncias también aseguran que numerosas pruebas diagnósticas básicas, imprescindibles para cualquier hospital regional, habrían dejado de realizarse en el propio centro. Entre ellas figuran el test de Widal, hemogramas completos, pruebas de sífilis (Lues) y otras analíticas esenciales para el diagnóstico de enfermedades frecuentes en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, esos mismos servicios sí estarían disponibles en clínicas y farmacias privadas vinculadas, según el denunciante, a responsables del propio hospital.
Si estas acusaciones se confirman, estaríamos ante un mecanismo especialmente perverso: se deteriora deliberadamente el servicio público para desviar pacientes hacia negocios privados controlados por quienes deberían garantizar la asistencia sanitaria de toda la población.
A ello se suma otra denuncia de enorme gravedad: la supuesta venta a pacientes de medicamentos caducados, entre ellos vitamina C, aprovechándose de la falta de información sanitaria de muchos ciudadanos, que difícilmente pueden comprobar el estado o la fecha de caducidad de los productos que reciben.
Estas denuncias no constituyen un caso aislado. Forman parte de una realidad que miles de ecuatoguineanos conocen desde hace décadas: un sistema sanitario que, pese a los enormes ingresos petroleros obtenidos por el país, continúa careciendo de medicamentos, equipamiento, personal suficiente y controles efectivos.
La corrupción no es una desviación del sistema; se ha convertido en el propio sistema. Durante más de cuatro décadas, el régimen de Obiang ha permitido que numerosos responsables públicos utilicen las instituciones como fuente de enriquecimiento personal. Se les mantiene con salarios insuficientes mientras, al mismo tiempo, se tolera o incluso se incentiva el saqueo de los recursos públicos, convirtiendo a muchos funcionarios en rehenes de una estructura donde la corrupción garantiza su dependencia y su silencio. Así, el Gobierno ha terminado convirtiéndose en una auténtica cueva de ladrones, donde el interés privado prevalece sistemáticamente sobre el bienestar de los ciudadanos.
Las primeras víctimas de este modelo son siempre los más pobres: quienes no pueden pagar un análisis privado, comprar medicamentos fuera del hospital o desplazarse al extranjero para recibir tratamiento médico.
Frente a esta realidad, el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial propone una transformación profunda del sistema nacional de salud dentro de su programa de gobierno. El PPGE defiende la implantación de un sistema de atención sanitaria universal, accesible para todos los ciudadanos sin discriminación económica, territorial o social, basado en los principios de gratuidad en la atención primaria, abastecimiento garantizado de medicamentos esenciales, profesionalización del personal sanitario, lucha implacable contra la corrupción, transparencia en la gestión hospitalaria y control independiente de los recursos públicos.
La salud no puede seguir siendo un privilegio reservado a quienes tienen dinero o contactos políticos. Es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar.
Mientras el régimen continúa destinando millones a sostener su aparato de poder y a enriquecer a una minoría, miles de familias ecuatoguineanas siguen enfrentándose diariamente a hospitales sin medios, medicamentos caducados y servicios públicos degradados por una corrupción que amenaza directamente la vida de los pacientes.
Guinea Ecuatorial merece hospitales al servicio de los ciudadanos y no de quienes han convertido el sufrimiento humano en un negocio.