Por Juan Cuevas
Para instaurar una democracia plena en Guinea Ecuatorial será imprescindible conocer y reconocer, sin ocultamientos ni medias verdades, la historia reciente de nuestro país. Una sociedad no puede construir un futuro democrático sólido sobre el silencio, la amnesia o la manipulación de su pasado. Todos los hechos criminales deben ser investigados y, cuando corresponda, sus responsables deben responder ante una justicia independiente.
La memoria histórica no debe entenderse como un instrumento de revancha, sino como una herramienta de verdad, justicia y garantía de no repetición. Reconocer a las víctimas, documentar los atropellos y esclarecer las responsabilidades es una obligación moral con quienes sufrieron y una necesidad política para quienes queremos que las futuras generaciones vivan en libertad.
Esta revisión histórica debe abarcar también el papel desempeñado por quienes, de una u otra manera, han contribuido a sostener, justificar o blanquear las dictaduras que ha padecido Guinea Ecuatorial. No sería riguroso presentar como contribución democrática la participación en procesos electorales amañados o la presencia de determinadas organizaciones políticas cuando, en la práctica, esas actuaciones terminaron legitimando un sistema carente de auténticas garantías democráticas.
Alguna de las promotoras de la ASOCIACION MUJERES Y HOMBRES VICTIMAS DE LA DICTADURA DE OBIANG»
La sociedad civil tiene, por tanto, una responsabilidad fundamental: organizarse para recuperar testimonios, documentos y evidencias sobre los atropellos, las violaciones de derechos humanos, las persecuciones, las detenciones, las torturas y las muertes ocurridas durante las distintas etapas dictatoriales de nuestra historia. Investigar y conservar esa memoria permitirá que las víctimas no sean borradas de la historia y ayudará a impedir que las futuras generaciones vuelvan a recorrer el mismo camino.
Por eso debemos rechazar públicamente cualquier intento de imponer un relato que pretenda ocultar, minimizar o justificar los crímenes de las dictaduras. También debemos ser coherentes cuando ese relato procede de quienes, desde la oposición, reivindican o idealizan determinadas etapas dictatoriales. Resulta especialmente paradójico observar cómo algunos opositores defienden con vehemencia a Macías, incluso personas que posteriormente fueron perseguidas, amenazadas, violentadas o empujadas al exilio por la propia maquinaria dictatorial.
La defensa de la memoria histórica exige coherencia. No podemos condenar una dictadura y, al mismo tiempo, justificar otra porque forme parte de nuestra particular interpretación política del pasado. Las víctimas de una dictadura no dejan de ser víctimas porque el régimen que las represalió tenga defensores entre determinados sectores de la oposición.
Esta revisión histórica debe hacerse con rigor, sin excepciones ni nombres previamente señalados, y debe abrirse a la recopilación sistemática de hechos, testimonios y documentos aportados por todas aquellas personas que los hayan vivido, presenciado o conocido directamente. Solo mediante una investigación amplia, plural y transparente podremos reconstruir nuestra historia reciente con honestidad, reconocer a las víctimas y esclarecer las responsabilidades que correspondan, sin encubrimientos ni silencios interesados.
En este esfuerzo pueden desempeñar un papel especialmente importante iniciativas de la sociedad civil como la Asociación Mujeres y Hombres Víctimas de la Dictadura de Obiang, promovida por mujeres y activistas exiliadas. Su propósito de rescatar y documentar casos de violaciones de derechos humanos, persecuciones, encarcelamientos y muertes atribuidos al régimen de Teodoro Obiang constituye una contribución necesaria a la recuperación de la memoria de las víctimas.
Entre los objetivos que recoge esta Asociación figuran la creación de una plataforma ciudadana para agrupar a las personas agraviadas por la dictadura; la denuncia de delitos contra los derechos humanos, civiles y políticos, así como contra los derechos económicos, sociales y culturales; la utilización de instrumentos legales, políticos y judiciales, tanto nacionales como internacionales; la recuperación de los principios de libertad, igualdad, legalidad, separación de poderes y alternancia política; la atención a exiliados, presos políticos y represaliados; y la colaboración con otros actores sociales y políticos que trabajen legalmente por la democratización del país.
Todos estos esfuerzos tienen sentido si entendemos que memoria, justicia y reconciliación no son conceptos incompatibles.
Al contrario: no puede existir una reconciliación duradera basada en el olvido impuesto. Una reconciliación auténtica requiere que las víctimas sean escuchadas, que los hechos sean conocidos y que la sociedad pueda mirar de frente a su pasado. Pero esclarecer los crímenes no significa convertir al conjunto de la población en juez ni promover una justicia de venganza.
La Guinea Ecuatorial democrática que aspiramos a construir debe precisamente romper con esa lógica.
No será el pueblo, mediante la revancha o la justicia de las masas, quien deba juzgar los crímenes de las dictaduras. Será una justicia independiente, imparcial y sometida a la ley la que deberá investigar los hechos, determinar las responsabilidades individuales y garantizar los derechos tanto de las víctimas como de los acusados.
Esa distinción es fundamental. Podemos exigir verdad sin pedir venganza. Podemos reclamar justicia sin promover odio. Podemos preservar la memoria de las víctimas sin convertir la memoria en un instrumento para perseguir colectivamente a quienes pertenecieron a una determinada organización, familia o grupo.
La responsabilidad debe ser individualizada y probada. Y precisamente por eso necesitamos instituciones independientes: jueces independientes, tribunales imparciales, garantías procesales y una verdadera separación de poderes.
La reconciliación nacional no consiste en pedir a las víctimas que olviden. Consiste en crear las condiciones para que puedan cerrar una etapa de dolor sabiendo que la verdad ha sido reconocida y que la justicia ha actuado conforme a la ley.
Guinea Ecuatorial necesitará, llegado el momento, un gran ejercicio nacional de memoria, verdad y justicia. Habrá que abrir archivos, recopilar testimonios, preservar documentos, investigar desapariciones y muertes, reconocer a las víctimas y establecer responsabilidades allí donde las pruebas lo permitan.
Y habrá que hacerlo sin miedo, pero también sin odio.
Porque una democracia verdadera no se construye sustituyendo una injusticia por otra, sino creando instituciones capaces de impedir que la injusticia vuelva a gobernar.
El pueblo guineano tiene derecho a conocer su historia completa. Tiene derecho a saber quiénes fueron las víctimas, qué ocurrió, quiénes participaron y qué responsabilidades correspondieron a cada cual. Y tiene también derecho a construir un futuro en el que nadie vuelva a ser perseguido por sus ideas políticas.
La memoria histórica no debe dividirnos eternamente. Debe ayudarnos a comprender de dónde venimos para decidir hacia dónde queremos ir.
Recordar no es vengarse. Investigar no es perseguir. Juzgar conforme a la ley no es odiar. Y reconciliarse no significa olvidar.
La verdad puede ser dolorosa, pero el silencio nunca ha construido una democracia.
Como recuerda el conocido aforismo: «El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla».
Guinea Ecuatorial no puede permitirse repetirla.