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Durante décadas, la corrupción en Guinea Ecuatorial se ha presentado como un fenómeno difuso, difícil de demostrar y aún más complicado de cuantificar. Sin embargo, las investigaciones que viene publicando Diario Rombe están aportando documentos oficiales que permiten observar con mayor claridad el funcionamiento interno de un sistema donde el dinero público termina, de forma reiterada, en empresas vinculadas al entorno del poder.
El último caso publicado por este medio vuelve a situar en el centro del debate a Grupo Abayak, el conglomerado empresarial históricamente asociado a la familia del presidente Teodoro Obiang. Según la documentación contable obtenida por Diario Rombe, la Tesorería General del Estado desembolsó en noviembre de 2023 otros 2.439 millones de francos CFA a favor de Abayak Inmobiliaria por supuestos alquileres y servicios prestados al Ministerio de Defensa, apenas siete meses después de haber transferido 6.000 millones de francos CFA al mismo grupo empresarial bajo el concepto de un supuesto préstamo. En conjunto, ambas operaciones suman 8.439 millones de francos CFA, cerca de 12,9 millones de euros, procedentes directamente de las arcas públicas.
No se trata únicamente de la cuantía del dinero. Lo verdaderamente relevante es el patrón que reflejan estos documentos: el Estado paga de forma reiterada a empresas vinculadas a quienes, al mismo tiempo, controlan las principales instituciones públicas.
Abayak no es una empresa cualquiera. Desde hace más de dos décadas aparece de forma recurrente en investigaciones internacionales sobre Guinea Ecuatorial. Informes del Senado de Estados Unidos, investigaciones de Human Rights Watch, del ICIJ y del OCCRP han señalado a Abayak como una de las principales sociedades a través de las cuales la familia presidencial ha participado en negocios relacionados con el petróleo, la construcción, el sector inmobiliario y el alquiler de edificios al propio Estado. Diversas investigaciones sostienen además que la compañía ha mantenido participaciones en proyectos con multinacionales petroleras y que numerosos inmuebles utilizados por ministerios y organismos públicos pertenecen a este conglomerado empresarial.
Lo que describen estas investigaciones es un modelo de captura del Estado en el que desaparece la frontera entre el patrimonio público y el patrimonio privado. Cuando quien gobierna controla también las empresas que reciben contratos públicos, los principios de libre competencia, transparencia y control presupuestario dejan de existir.
Las preguntas planteadas por Diario Rombe son, por ello, plenamente pertinentes. ¿Cuántos edificios alquila realmente Abayak al Estado? ¿Quién fijó el precio de esos alquileres? ¿Existieron concursos públicos? ¿Quién autorizó los pagos? ¿Cuánto dinero ha recibido el conglomerado durante las últimas dos décadas? Y, sobre todo, ¿cómo se financiaron originalmente los inmuebles que hoy generan rentas pagadas con dinero de todos los ecuatoguineanos?
Estas cuestiones no afectan únicamente a la gestión económica. Hablan de un modelo político basado en el conflicto permanente de intereses. Cuando el Gobierno contrata con empresas de la familia gobernante, el ciudadano deja de ser el destinatario de los recursos públicos para convertirse en el financiador involuntario de un patrimonio privado.
Desde el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE)consideramos que investigaciones periodísticas como las de Diario Rombe constituyen un servicio imprescindible para la sociedad. En un país donde las instituciones de control carecen de independencia y donde la justicia no investiga a quienes ostentan el poder, el periodismo de investigación desempeña una función esencial de fiscalización.
Por ello, animamos a los responsables de Diario Rombe a continuar documentando y publicando los casos de corrupción que afectan al régimen. Cada documento que sale a la luz contribuye a reconstruir la verdad sobre décadas de saqueo institucional y fortalece el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se han administrado los recursos nacionales.
Guinea Ecuatorial necesita una transición democrática que no solo garantice elecciones libres, sino también una profunda regeneración institucional. Esa regeneración pasa por separar definitivamente el Estado de los intereses privados de quienes lo gobiernan, prohibir los conflictos de intereses, garantizar la independencia de la justicia y someter todas las contrataciones públicas a procedimientos transparentes y abiertos.
Porque ningún país puede aspirar al desarrollo mientras el Tesoro Nacional funcione como la cuenta corriente de una élite familiar. Y porque el dinero de todos los ecuatoguineanos debe servir para construir hospitales, escuelas, carreteras y oportunidades, no para seguir alimentando la fortuna de quienes llevan décadas confundiendo el Estado con su patrimonio personal.