Por Juan Cuevas, Secretario de Formación del PPGE
La lucha ardua y constante contra la dictadura de Guinea Ecuatorial que está planteando el Partido del Progreso no es otra que la que han mantenido todos los pueblos a lo largo de la historia por la libertad, principio fundamental de la dignidad humana. Pero esta lucha no puede limitarse a cambiar a quienes ocupan el poder. Si queremos que la Guinea Ecuatorial del futuro sea verdaderamente libre, democrática y próspera, tenemos que cambiar la relación entre el poder y el Estado.
Uno de los grandes problemas que ha sufrido África después de las independencias ha sido la concentración del poder alrededor de hombres fuertes, en lugar de construir instituciones fuertes. Cuando las instituciones dependen de la voluntad de una persona, dejan de cumplir la función para la que fueron creadas y el Estado termina confundido con el gobernante. El presidente deja entonces de ser un servidor temporal de la nación para convertirse, en la práctica, en el centro alrededor del cual gira toda la vida política, económica y social del país.
Esto es precisamente lo que no podemos permitir que vuelva a suceder en Guinea Ecuatorial.
Un Estado moderno no puede depender de las virtudes, de la voluntad o de las decisiones personales del gobernante de turno. Incluso aunque quien gobierne sea una persona honrada, ningún sistema político serio puede descansar sobre la confianza en las cualidades personales de un individuo. Los hombres pasan y las instituciones deben permanecer. Un presidente debe poder ser sustituido sin que por ello se ponga en peligro la estabilidad del Estado. Un Gobierno debe poder perder unas elecciones y entregar el poder pacíficamente. Y las leyes deben continuar aplicándose exactamente igual, independientemente de quién ocupe la Presidencia de la República.
Por eso, cuando hablamos de la Guinea Ecuatorial del pos-Obiang, la pregunta fundamental no debe ser solamente quién va a gobernar, sino qué instituciones vamos a construir y qué límites vamos a establecer al ejercicio del poder.
Esta es precisamente una de las cuestiones que el Partido del Progreso ha venido planteando en su programa político. Nuestra propuesta no consiste simplemente en sustituir a unas personas por otras, sino en construir un sistema político, económico y social basado en la libertad, el Estado de derecho, la propiedad privada, la economía de mercado y la separación real de poderes. Queremos que el futuro de Guinea Ecuatorial descanse sobre instituciones y normas, y no sobre la voluntad personal de quien ocupe el poder.
La democracia comienza precisamente ahí.
No puede existir una democracia verdadera si el Poder Ejecutivo controla al Parlamento, si los jueces dependen del Gobierno, si los procesos electorales no cuentan con instituciones independientes que puedan garantizar su transparencia, si los medios de comunicación no pueden ejercer libremente su función de informar, si los organismos de control carecen de autonomía o si las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad están vinculados personalmente al gobernante en lugar de estar sometidos a la Constitución y a las leyes.
Necesitamos una Constitución que sea realmente la norma suprema del Estado y no un instrumento al servicio del poder. Necesitamos un Parlamento elegido libremente que legisle y controle al Gobierno. Necesitamos un Poder Judicial independiente, capaz de proteger los derechos de los ciudadanos incluso frente al propio Estado. Necesitamos tribunales constitucionales y órganos de control que puedan actuar sin recibir instrucciones del poder político. Necesitamos instituciones electorales profesionales e independientes, una Administración Pública basada en el mérito y la capacidad, y no en el favoritismo político, familiar o personal. Necesitamos mecanismos eficaces de fiscalización de los recursos públicos y de lucha contra la corrupción. Necesitamos una prensa libre y una sociedad civil que puedan ejercer sus derechos sin miedo. Y necesitamos unas Fuerzas Armadas y unos cuerpos de seguridad profesionales, sometidos a la autoridad civil legítima y a la Constitución.
No se trata de crear instituciones para llenar edificios de funcionarios o para multiplicar organismos sobre el papel. Se trata de que cada institución tenga unas competencias claras, pueda ejercerlas con independencia y esté sometida a controles. Porque una institución que no puede controlar al poder cuando éste actúa contra la ley no es realmente una institución independiente.
La cuestión institucional no es, por tanto, un asunto reservado a los políticos o a los juristas. Es una cuestión que afecta directamente a la vida de cada ciudadano. Afecta al padre que quiere que sus hijos reciban una buena educación. Afecta al joven que busca un empleo sin tener que pedir favores. Afecta al empresario que quiere invertir y necesita saber que su propiedad y sus contratos estarán protegidos. Afecta al agricultor que necesita seguridad sobre la tierra que trabaja. Afecta a la mujer que quiere participar en la vida económica y política en igualdad de condiciones. Afecta al funcionario que debe poder cumplir con su deber sin recibir órdenes ilegales. Y afecta a todos los ciudadanos que quieren vivir sin miedo a que una decisión arbitraria del poder pueda cambiar sus vidas.
Por eso afirmamos que la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo económico forman parte de una misma realidad. No podemos aspirar a una economía moderna manteniendo instituciones políticas débiles. No podemos atraer inversión estable si no existe seguridad jurídica. No podemos combatir eficazmente la pobreza si los recursos del Estado no se administran con transparencia y responsabilidad. No podemos construir una sociedad próspera si el ciudadano depende del favor del poderoso para acceder a una oportunidad.
El programa del Partido del Progreso parte precisamente de esta concepción. Defendemos una economía de libre mercado y de libre empresa en la que el derecho de propiedad esté claramente reconocido y protegido por la Ley. Creemos que la iniciativa privada, la inversión y la creación de empleo necesitan un marco jurídico estable, donde todos conozcan las reglas y donde esas reglas sean iguales para todos. No queremos una economía de privilegios vinculada al poder político, sino una economía en la que el esfuerzo, la iniciativa y la capacidad puedan generar oportunidades y riqueza.
Pero la economía de mercado tampoco puede funcionar adecuadamente sin Estado de derecho. Por eso nuestro proyecto político defiende una democracia basada en la separación real de poderes, la igualdad ante la Ley y el respeto de los derechos fundamentales. Libertad política y libertad económica no son compartimentos aislados: ambas necesitan seguridad jurídica, propiedad protegida, instituciones independientes y límites efectivos al poder.
A ello añadimos una concepción pluralista de la sociedad, en la que todos los guineanos, cualquiera que sea su origen, etnia, sexo, condición social o forma de pensar, puedan sentirse parte de la misma nación y disfrutar de los mismos derechos y oportunidades. La unidad nacional no puede construirse mediante la imposición, sino mediante la igualdad ante la Ley y el reconocimiento de la dignidad de cada ciudadano.
Después de tantos años de dictadura, es comprensible que algunos ciudadanos piensen que la solución consiste simplemente en encontrar a una persona capaz de gobernar bien. Pero ese camino nos volvería a colocar en el mismo problema. La libertad de una sociedad no puede depender de que el gobernante sea bueno o malo. Tiene que depender de que existan unas reglas que obliguen al gobernante a respetar la libertad.
No queremos sustituir una concentración de poder por otra. No queremos que un nuevo dirigente tenga la oportunidad de convertirse en el dueño del Estado. Queremos precisamente lo contrario: que ningún presidente pueda ser dueño del Estado.
El Estado pertenece a la nación y las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos. Los recursos naturales, las riquezas del país y los bienes públicos no pertenecen al gobernante ni a su partido. Pertenecen a todos los ecuatoguineanos. El Gobierno administra temporalmente esos recursos en nombre de la nación y debe responder ante ella.
Esta concepción del Estado es fundamental para la Guinea Ecuatorial que queremos construir. Una Guinea Ecuatorial donde la misma Ley sea aplicable a todos, donde existan los mismos derechos y oportunidades, donde se respeten las diferencias y donde ninguna persona, familia, grupo étnico, partido político o institución pueda colocarse por encima de la Ley.
En nuestro planteamiento anterior señalábamos que el éxito de Guinea Ecuatorial en el pos-Obiang debía asentarse sobre tres pilares: una economía de libre mercado y libre empresa basada en el derecho de propiedad; un sistema político democrático basado en la separación real de poderes, la igualdad ante la Ley y el respeto de los derechos fundamentales; y un sistema moral y cultural pluralista que permita la convivencia de todos los guineanos. Hoy debemos insistir en que esos tres pilares necesitan una base común: instituciones que funcionen y que sean capaces de limitar el poder.
La libertad necesita instituciones que la protejan. La propiedad necesita jueces que la defiendan. La democracia necesita órganos que controlen al Gobierno. La economía necesita reglas estables. Los derechos necesitan tribunales independientes. La lucha contra la corrupción necesita organismos que puedan investigar al poderoso. Y la paz social necesita una justicia que sea igual para todos.
Por eso, la verdadera ruptura con la dictadura no consistirá solamente en cambiar de gobernantes. Consistirá en conseguir que nunca más un gobernante pueda apropiarse del Estado.
Esta es una de las grandes razones por las que el Partido del Progreso considera que la transición hacia una Guinea democrática debe tener como objetivo fundamental la reconstrucción institucional del país. No se trata simplemente de ocupar las instituciones existentes, sino de devolverles su verdadera función y ponerlas al servicio de la nación. El cambio que proponemos debe ser un cambio de sistema, de cultura política y de relación entre el ciudadano y el poder.
La Guinea Ecuatorial del futuro no debe necesitar un hombre fuerte para mantenerse unida, ni un presidente todopoderoso para garantizar el orden, ni un partido dominante para asegurar la estabilidad. Debe tener una Constitución respetada, unas instituciones legítimas, una justicia independiente, una Administración profesional, unas Fuerzas Armadas al servicio de la nación y una ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones.
Solo así podremos cerrar verdaderamente el ciclo de la dictadura.
Porque la libertad no se garantiza con las buenas intenciones de un gobernante, sino con instituciones capaces de protegerla incluso frente al propio gobernante. Y el desarrollo no se construye repartiendo favores desde el poder, sino creando las condiciones para que cada ciudadano pueda trabajar, invertir, emprender y prosperar bajo unas reglas iguales para todos.
Guinea Ecuatorial ha sufrido demasiado para volver a depositar su futuro en las manos de un solo hombre.
Ha llegado el momento de que el Estado deje de depender de los hombres y empiece a depender de la Ley.
Esa es la Guinea Ecuatorial que defiende el Partido del Progreso: una nación de ciudadanos libres, con instituciones fuertes, poderes separados, propiedad protegida, economía abierta y un Estado sometido a la Ley.
Porque, en definitiva, cuando el Estado depende de un hombre, la libertad depende de su voluntad. Cuando el poder está sometido a instituciones y a la Ley, la libertad pertenece a los ciudadanos.