Juan Cuevas, Secretario de Formación del PPGE
¿Qué les espera a los guineanos si Teodorín sucede a su padre en la jefatura del Estado?
Hay una pregunta que comienza a imponerse en Guinea Ecuatorial y que, tarde o temprano, tendrá que ser respondida: ¿qué ocurrirá con el país si Teodoro Nguema Obiang Mangue, Teodorín, sucede a su padre en la jefatura del Estado? No se trata de una cuestión meramente sucesoria ni de un relevo familiar mas dentro de un régimen que lleva casi medio siglo en el poder. Lo que está en juego es si Guinea Ecuatorial asistirá a una transición real o, por el contrario, a la simple continuidad de un sistema en el que las instituciones han terminado subordinadas a la voluntad del poder.
La preocupación no nace de una especulación sobre el futuro. Tiene que ver con la forma en que Teodorín ha ejercido el poder durante los últimos años y con el modo en que ha ido construyendo su propia concepción de la autoridad. Como vicepresidente de la República, ha acumulado una influencia extraordinaria sobre los resortes del Estado y ha proyectado una imagen de hombre fuerte que interviene en asuntos que, en cualquier sistema con una mínima separación de poderes, deberían corresponder a las instituciones judiciales y administrativas.
En Guinea Ecuatorial, sin embargo, esas fronteras son extremadamente difusas. El poder ejecutivo domina prácticamente todas las estructuras del Estado y la independencia judicial es una asignatura pendiente. En ese contexto, las actuaciones públicas de Teodorín resultan especialmente reveladoras. En numerosas ocasiones se le ha visto señalar públicamente a personas, ordenar actuaciones contra ellas, formular acusaciones y presentarse como una autoridad con capacidad para determinar quién debe ser perseguido y quién debe ser castigado. Es precisamente ahí donde aparece una de las preguntas más inquietantes sobre una eventual sucesión.
¿Qué ocurriría si ese poder, que hoy ejerce como vicepresidente, se concentrara mañana en la Presidencia de la República?
Un vicepresidente que actúa como juez político, no tiene nada que ver con un Estado de derecho, donde la autoridad de un gobernante tiene límites. Una persona puede ser investigada por la policía, acusada por la Fiscalía y juzgada por un tribunal independiente, pero ninguna de esas funciones debería quedar concentrada en manos de un dirigente político. Y hemos asistido a muchos actos bochornosos, en los que Teodorín ha humillado públicamente a altos cargos de la administración.
En Guinea Ecuatorial, la práctica política ha desdibujado esas fronteras. Teodorín ha convertido en una de sus señas de identidad la intervención directa en asuntos que afectan a ciudadanos, empresarios y funcionarios. Sus intervenciones públicas han mostrado en repetidas ocasiones a un vicepresidente que no se limita a ejercer las competencias formales de su cargo, sino que aparece impartiendo instrucciones, señalando culpables y reclamando castigos.
Cuando un dirigente político puede señalar a una persona y el aparato del Estado actúa después contra ella, la percepción de independencia de la Justicia queda inevitablemente dañada. Y cuando ese mismo dirigente aparece después presentando al detenido o acusado como culpable antes de que exista una resolución judicial independiente, el principio de presunción de inocencia queda reducido a una formalidad.
En una democracia consolidada, semejante comportamiento provocaría un debate político de enorme magnitud. En Guinea Ecuatorial se ha ido convirtiendo, peligrosamente, en parte del paisaje cotidiano. Ahí reside uno de los mayores peligros de la situación actual: no solamente en la existencia de prácticas autoritarias, sino en que la sociedad termine acostumbrándose a ellas.
La eventual llegada de Teodorín a la Presidencia plantearía así algo más profundo que un simple cambio de titular en el palacio presidencial. Si no se produce una transformación institucional, el riesgo sería que las prácticas acumuladas durante décadas no desaparecieran con Teodoro Obiang, sino que fueran heredadas y profundizadas por su sucesor. Y hay motivos para pensar que esa continuidad podría producirse con una personalidad política diferente y con una forma de ejercer el poder todavía más personalista.
Teodoro Obiang ha construido un sistema basado en el control político, la concentración de poder y la ausencia de una alternancia efectiva. Su hijo ha crecido políticamente dentro de ese mismo sistema. No estamos, por tanto, ante un dirigente que haya llegado desde fuera para reformarlo, sino ante alguien formado en sus propias estructuras y que ha participado activamente en su funcionamiento.
La pregunta que deberían hacerse los guineanos no es solamente quién ocupará el despacho presidencial. Es qué ocurrirá con los mecanismos que han permitido durante décadas que el poder político controle la Administración, las fuerzas de seguridad, el Parlamento y la Justicia. Si esos mecanismos permanecen intactos, el cambio de presidente no significará necesariamente un cambio de régimen.
A la cuestión institucional se añade otra que resulta imposible ignorar: el patrimonio acumulado por Teodorín y las investigaciones internacionales que han acompañado su trayectoria. Su falta de preparación y su inestabilidad emocional, fruto de muchos años de adicción.
En 2017, el PPGE estuvo presente en París, cuando un tribunal francés lo condenó en rebeldía por blanqueo de capitales, imponiéndole una pena de tres años de prisión suspendida y una multa de 30 millones de euros, también suspendida. La condena fue posteriormente confirmada por la justicia francesa. El proceso se convirtió en uno de los casos más conocidos de las investigaciones internacionales sobre el patrimonio de dirigentes africanos y el llamado ill-gotten gains, o enriquecimiento ilícito mediante fondos procedentes de recursos públicos.
Las autoridades estadounidenses también actuaron contra bienes vinculados a Teodorín. Entre ellos figuraban una mansión en Malibú y un avión privado, cuya adquisición fue relacionada por las autoridades con fondos obtenidos ilícitamente. El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras una parte importante de la población de Guinea Ecuatorial ha vivido durante años con graves carencias en servicios públicos, educación, sanidad y condiciones de vida, los tribunales extranjeros han tenido que ocuparse de explicar el origen de una parte de la extraordinaria riqueza acumulada por miembros de la élite gobernante.
Por eso resulta particularmente paradójico que desde el propio poder se presenten determinadas campañas contra la corrupción como prueba de una voluntad reformadora. La pregunta inevitable es por qué esa lucha contra la corrupción parece dirigirse con tanta frecuencia hacia funcionarios, empresarios o ciudadanos concretos y nunca alcanza de manera efectiva al núcleo del poder.
La corrupción no puede combatirse selectivamente. Y mucho menos puede utilizarse como arma política contra quienes dejan de contar con el favor de los gobernantes. Pero quizá el aspecto más preocupante de una eventual sucesión sea el relacionado con la utilización de la fuerza y la intimidación como instrumentos de control político.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado durante años detenciones arbitrarias, malos tratos, ausencia de garantías judiciales y restricciones severas de las libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial. También existen antecedentes relacionados directamente con personas que tuvieron conflictos con Teodorín.
El caso del empresario italiano Roberto Berardi es uno de los más conocidos. Berardi, socio de Teodorín en Guinea Ecuatorial, fue detenido en 2012 y posteriormente condenado. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron las condiciones de su proceso y denunciaron malos tratos durante su encarcelamiento.
No hace falta convertir cada episodio en una acusación general para entender el problema. Basta observar el patrón: en un sistema donde las instituciones carecen de independencia suficiente, la frontera entre el poder político y el aparato represivo del Estado prácticamente desaparece. Y cuando esa frontera desaparece, el ciudadano queda indefenso.
El problema de la violencia política no es solamente el daño causado a quienes la sufren directamente. Es el efecto que produce sobre toda la sociedad. Una población que sabe que una denuncia pública, una crítica al poder o un conflicto con alguien situado en las proximidades del Gobierno puede tener consecuencias imprevisibles aprende a callar antes incluso de que nadie se lo ordene.Ese silencio termina confundiendo estabilidad con miedo.
Quizá el mayor éxito de cualquier régimen autoritario no sea conseguir que sus ciudadanos lo apoyen, sino lograr que consideren inevitable aquello que debería resultar intolerable. Ahí reside precisamente el peligro, en acostumbrarse a la anormalidad.
En Guinea Ecuatorial se ha ido produciendo precisamente ese proceso. La sociedad ha visto durante décadas cómo la política, la Administración y la Justicia quedaban sometidas a una estructura de poder prácticamente inamovible. Ha visto detenciones, procesos judiciales cuestionados, persecución de opositores y una concentración extraordinaria de la riqueza y de las decisiones en manos de una reducida élite. Con el paso del tiempo, muchas de esas circunstancias han dejado de provocar sorpresa.
Cuando una persona es detenida porque el poder la señala, cuando una acusación política se presenta como una sentencia, cuando los medios reproducen sin contraste la versión oficial o cuando una campaña contra la corrupción se utiliza para perseguir a determinados adversarios, la sociedad debería reaccionar. Si no lo hace, esas prácticas terminan incorporándose a la normalidad.
Por eso resulta tan importante la actitud de los medios de comunicación y de quienes utilizan las redes sociales. Compartir sin más una comunicación oficial del régimen, una intervención de Teodorín o una acusación formulada desde las estructuras del poder significa, en muchos casos, hacer gratuitamente el trabajo de propaganda del propio Gobierno. Informar de que el régimen ha dicho algo puede ser necesario; reproducirlo como si fuera una verdad demostrada es otra cosa.
Un periodista puede informar de una acusación sin convertirla en culpabilidad. Puede recoger una declaración oficial y, al mismo tiempo, explicar quién la formula, qué antecedentes existen y qué dicen las fuentes independientes. Puede dar cuenta de una actuación del Gobierno sin convertirse en su portavoz. En una dictadura, esa diferencia no es una cuestión de estilo. Es una cuestión de responsabilidad.
El régimen que controla los medios necesita que otros hagan por él el trabajo de amplificación. Cada ciudadano que comparte una consigna sin contexto, cada medio que reproduce una acusación sin contraste y cada comunicador que convierte una declaración oficial en noticia sin cuestionarla contribuye, consciente o inconscientemente, a ampliar el alcance del mensaje del poder. Eso es comprar la cuerda con la que después pretenden ahorcarnos.
La discusión sobre la sucesión no debería limitarse a saber si Teodorín será finalmente presidente. La pregunta fundamental debería ser qué tipo de Guinea Ecuatorial queremos después de Obiang. El país no necesita sustituir un hombre fuerte por otro. Necesita desmontar el sistema que permite que un hombre pueda convertirse en más poderoso que las propias instituciones. Por ese motivo el PPGE apuesta por una transición pactada, con un gobierno de unidad nacional que estabilice Guinea ecuatorial, recupere los servicios públicos, reconstruya las instituciones, reconcilie la nación y preparar la transición democrática.
Guinea Ecuatorial necesita jueces que no reciban instrucciones políticas, una Fiscalía independiente, unas fuerzas de seguridad sometidas a la ley, un Parlamento capaz de controlar al Gobierno y medios de comunicación libres para investigar el ejercicio del poder. Necesita elecciones competitivas y garantías para quienes quieran participar en política sin tener que pagar por ello con la cárcel, el exilio o la persecución.Y necesita, sobre todo, que los recursos del Estado dejen de confundirse con el patrimonio de quienes gobiernan.
Lo hemos repetido muchas veces el petróleo pertenece a Guinea Ecuatorial, no a la familia Obiang. El Estado pertenece a los ciudadanos, no al gobernante de turno. Y la Justicia no puede ser propiedad de quienes tienen el poder suficiente para ordenar una detención. Esa debería ser la verdadera discusión sobre la sucesión.
Porque si Teodorín llegara a la Presidencia manteniendo intacto el aparato político, económico y coercitivo que ha sostenido al régimen durante décadas, Guinea Ecuatorial no habría iniciado una nueva etapa. Habría cambiado el nombre del ocupante del poder mientras permanecía intacto el sistema.
Ese escenario e precisamente el que más preocupa a los guineanos. No se trata de adivinar el futuro ni de convertir una sucesión todavía hipotética en una condena anticipada. Se trata, bajo nuestro punto de vista, de mirar el presente y preguntarse qué garantías existen para que quien llegue mañana a la Presidencia no pueda hacer lo mismo que quienes le precedieron.
La respuesta, hoy, resulta difícil de encontrar. Por eso conviene no acostumbrarse. No acostumbrarse a que el poder señale y las instituciones obedezcan. No acostumbrarse a que la corrupción sea perseguida solamente cuando afecta a quienes han perdido la protección política. No acostumbrarse a que la fuerza sustituya al derecho. No acostumbrarse a que la familia gobernante pueda decidir sobre el destino de todo un país.