Editorial | El Confidencial
El desalojo del poder de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde está siendo juzgado por narcotráfico y otros delitos graves, ha marcado un punto de inflexión histórico en la política internacional contemporánea. No se trata únicamente del final de una dictadura, sino del cuestionamiento frontal de una doctrina que durante décadas ha protegido a autócratas en nombre de una soberanía vaciada de legitimidad democrática.
La operación llevada a cabo por Estados Unidos de América, bajo la presidencia de Donald Trump, ha supuesto un auténtico terremoto político global. Por primera vez en mucho tiempo, una gran potencia ha decidido actuar allí donde la diplomacia, las sanciones y las resoluciones internacionales habían fracasado de manera sistemática. No fue una acción simbólica ni retórica: fue la constatación de que un presidente ilegítimo que robó elecciones, destruyó su país y convirtió el Estado en una estructura criminal ya no podía seguir escudándose en el derecho internacional para garantizar su impunidad.
En nombre del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, su presidente Armengol Engonga ha expresado públicamente su reconocimiento al Gobierno estadounidense y en especial a su presidente Donald Trump, por una decisión que va más allá del caso venezolano. La detención de Maduro no es un acto de fuerza arbitraria, sino la restitución de un principio esencial: los derechos humanos, la democracia y la libertad de los pueblos están por encima de la protección internacional de los tiranos.Venezuela llevaba más de dos décadas descendiendo por una pendiente de destrucción institucional y económica.
Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y, con especial crudeza, bajo el mandato de Maduro desde 2013, el país pasó de ser una de las economías más prósperas de América Latina a un Estado fallido. Los controles de precios y de cambio, las expropiaciones masivas, la corrupción estructural y la politización de PDVSA destruyeron el aparato productivo. El PIB real se desplomó alrededor de un 75 % entre 2014 y 2021, mientras la producción petrolera cayó desde más de tres millones de barriles diarios a niveles incapaces de sostener la economía nacional.
Ese colapso provocó uno de los mayores éxodos humanos del mundo en tiempos de paz: más de siete millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar su país, dando lugar a la mayor crisis migratoria del hemisferio occidental en décadas. Paralelamente, el vaciamiento del Estado facilitó la consolidación de estructuras criminales como el Cártel de los Soles y la transformación de Venezuela en una plataforma internacional del narcotráfico.
La represión política fue el complemento natural de ese proceso. Detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos de opositores y manifestantes se convirtieron en práctica habitual, con centros de terror como El Helicoide, denunciado reiteradamente por organismos de derechos humanos por condiciones inhumanas. Todo ello mientras el régimen se integraba en la órbita estratégica de potencias como Rusia, China e Irán, y toleraba —cuando no facilitaba— vínculos con organizaciones como Hizbulá, aprovechando redes opacas de pasaportes y rutas internacionales.
Teodorín , el nuevo aprendiz de tirano con el que el régimen se intenta perpetuar
La caída de Maduro ha dejado al descubierto el doble rasero moral de una parte de la comunidad internacional. Muchas organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos que hoy invocan con vehemencia el derecho internacional para criticar su detención jamás lo hicieron con la misma energía en defensa de los pueblos oprimidos. Siempre se movilizaron para proteger a los dictadores, rara vez para liberar a sus víctimas.
El paralelismo con Guinea Ecuatorial es inevitable. Allí, el pueblo guineano lleva más de medio siglo sometido a dos dictaduras sucesivas: primero la de Francisco Macías Nguema y después la de su sobrino Teodoro Obiang Nguema, más de cincuenta años de poder absoluto, represión sistemática, corrupción estructural y ausencia total de libertades. Durante todo ese tiempo, la ONU se ha limitado a producir informes que no han tenido consecuencias reales para el régimen ni alivio efectivo para la población.
La pregunta resulta tan incómoda como inevitable: ¿cuándo se invocará el derecho internacional para proteger a los pueblos y no para blindar a quienes los oprimen?
Nicolas Maduro: Convirtió la nación mas próspera en un estado fallido, provocó el mayor éxodo conocido; torturó, encarceló y asesinó a los opositores
El procesamiento de Maduro en Nueva York establece un precedente que cambia las reglas del juego. Envía un mensaje inequívoco a todos los autócratas del mundo: robar elecciones, arruinar países y convertir el poder político en una organización criminal tiene consecuencias personales. Ya no basta con controlar el aparato represivo interno ni con comprar silencios internacionales.
Desde la oposición democrática guineana en el exilio, el sentimiento es claro. Existe una legítima envidia hacia el pueblo venezolano, que ve despejarse el horizonte de las libertades y la democracia, y al mismo tiempo una esperanza renovada de que la comunidad internacional deje de mirar hacia otro lado y apoye la transición políticas hacia la democracia en nuestro país.