Primera parte
Por Armengol Engonga Ondo, presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial
Queridos compatriotas:
Hay palabras que escuchamos tantas veces que corremos el riesgo de acostumbrarnos a ellas y de olvidar lo que realmente significan. Una de esas palabras es “corrupción”.
La escuchamos en los periódicos, en los informes de organismos internacionales, en las conversaciones políticas y, como no, también en las noticias, pero a veces parece que estamos hablando de algo lejano, de un problema que sucede en los despachos de quienes mandan y que solamente afecta a grandes cantidades de dinero.
Yo, personalmente, no lo veo así.
Para mí, la corrupción es algo mucho más cercano y mucho más feo. Terrible. Es una de esas cosas que, cuando uno las mira de frente, resultan realmente desagradables, a veces hasta vomitivas.
Si alguien le roba la merienda a un niño, todos entendemos inmediatamente que está haciendo algo malo. Y si alguien, además, fuera capaz de escupir en la comida de su propio hijo pequeño para después dársela, nos parecería algo repugnante.
Pues bien, la corrupción tiene bastante de todo eso.
Porque cuando alguien utiliza una responsabilidad pública para quedarse con lo que no le pertenece, está haciendo trampas con algo que es de todos. Y detrás de ese dinero que desaparece hay personas concretas que terminan pagando las consecuencias.
Puede ser un niño que se queda sin la escuela que debería tener, una familia que no encuentra un medicamento cuando lo necesita, una comunidad que sigue esperando agua potable, un joven que no encuentra una oportunidad de trabajo o un empresario que ha hecho las cosas correctamente y ve cómo un contrato público acaba en manos de alguien que tenía mejores conexiones y, desde luego, menos escrúpulos.
Por eso digo que la corrupción no es un problema vinculado al lujo o a las esferas de poder.
Afecta a cada guineano.
La corrupción es muy humana y no debemos perder eso de vista. No es un monstruo que aparezca de repente y que solamente pueda encontrarse en determinados países o en determinadas instituciones. La corrupción nace de una decisión humana: la decisión de utilizar una responsabilidad, una posición o una relación de poder para obtener un beneficio que no le corresponde.
Y precisamente porque es humana, puede aparecer en distintos niveles y adoptar muchas formas. Puede estar en quien altera un concurso público para favorecer a una empresa determinada, en quien exige una comisión para hacer aquello que debería hacer por obligación, en quien utiliza información privilegiada para beneficiarse, en quien desvía recursos públicos o en quien considera que un cargo le da derecho a disponer de lo que pertenece a los demás.
El problema es que, cuando estas prácticas empiezan a repetirse, dejan de parecer excepcionales y terminan convirtiéndose en una manera de funcionar.
Y cuando una sociedad llega a este punto, el daño ya no se mide solamente en dinero. Se mide en confianza, en oportunidades perdidas y también en personas que dejan de creer que merece la pena esforzarse y hacer las cosas correctamente.
Porque si un empresario honrado comprueba que no puede competir en igualdad de condiciones porque los contratos públicos dependen de conexiones políticas, ¿qué mensaje estamos enviando a ese empresario? Si un joven preparado descubre que para conseguir una oportunidad necesita conocer a la persona adecuada en lugar de demostrar su capacidad, ¿qué estamos enseñándole? Y si un ciudadano ve que alguien puede enriquecerse utilizando una responsabilidad pública y no pasa nada, ¿qué puede llegar a pensar?
Esto es lo verdaderamente peligroso de la corrupción: que poco a poco puede conseguir que la gente llegue a pensar que ser honrado es ser ingenuo y que, para progresar, hay que buscar un atajo.
Yo no quiero una sociedad así para Guinea Ecuatorial. Desgraciadamente es la que tenemos.
Hay una historia que me contó una persona y que explica mejor que muchas estadísticas lo que quiero decir.
Hace años, una institución internacional financió una gran conducción de agua destinada a llevar el suministro hasta una ciudad de Guinea Ecuatorial. La obra costó millones y necesitaba varias grandes bombas para impulsar el agua y hacerla llegar hasta los depósitos.
Llegó el día de la inauguración. Estaban las autoridades, hubo música, canapés, discursos y una gran celebración. Se puso en funcionamiento la instalación y, después de la ceremonia, todo el mundo se marchó.
Pero una obra no está terminada cuando se inaugura. Está terminada cuando sirve para aquello para lo que fue construida.
Al cabo de unos días empezaron los problemas. El agua llegaba con dificultad a los grifos de los vecinos y nadie entendía muy bien qué estaba pasando. Hasta que decidieron comprobar la instalación.
Las bombas habían desaparecido.
Se las habían llevado.
Sin aquellas bombas, la gran tubería estaba allí, pero el agua no podía circular como debía.
Según la historia que me contaron, años después aquellas personas seguían teniendo que acudir a las fuentes o esperar a los camiones cisterna.
Cuando uno piensa en corrupción, debería pensar también en historias como esta.
Porque aquí no desapareció solamente el dinero que costaron unas bombas. Desapareció la utilidad de una obra que había costado millones. Desapareció el tiempo de quienes tuvieron que seguir buscando agua. Desapareció la comodidad de muchas familias y desapareció también algo que cuesta mucho más recuperar: la confianza de los ciudadanos en que las cosas que se construyen con dinero público están realmente pensadas para ellos.
Eso es lo que hace la corrupción.
Convierte una obra que debería mejorar la vida de la gente en una promesa que se queda a medias.
Y quizá por eso me parece tan desagradable. Porque tiene algo de robarle la merienda a un niño: se está utilizando algo que debería estar destinado a muchos para beneficio de unos pocos.
Cada recurso público que se pierde por corrupción tiene consecuencias concretas, aunque muchas veces no podamos verlas inmediatamente. Es menos dinero para hospitales y medicamentos, peores escuelas, menos mantenimiento de las carreteras, menos agua potable, menos inversión productiva y menos oportunidades para nuestros jóvenes.
Y también afecta de una manera muy especial a las madres y a las familias que luchan cada día por sacar adelante a sus hijos.
Cuando desaparece un recurso destinado a una necesidad pública, no desaparece solamente una cantidad de dinero de una cuenta. Desaparece una posibilidad, desaparece una oportunidad y, algunas veces, desaparece incluso una esperanza.
Por eso la corrupción no roba solamente dinero.
Roba oportunidades a las generaciones actuales y también a las que todavía no han nacido.
Roba el futuro de nuestros jóvenes, debilita la confianza de nuestros empresarios y dificulta la construcción de un país en el que nuestros recursos naturales puedan estar verdaderamente al servicio de todos.
Y aquí aparece otro problema que considero fundamental: la corrupción destruye también la economía nacional.
Una economía no puede desarrollarse de manera sana cuando las reglas no son iguales para todos. El empresario que quiere trabajar, invertir y crear empleo necesita saber que competirá en unas condiciones razonables y que su esfuerzo será valorado por su capacidad y no por sus relaciones.
Cuando el favoritismo entra en la contratación pública, esa igualdad desaparece. Se reduce la competencia, se favorecen posiciones de privilegio y pueden aparecer monopolios o empresas vinculadas al poder que terminan teniendo una ventaja que nada tiene que ver con su capacidad real.
Y entonces ocurre algo todavía más preocupante: el empresario que podría invertir, innovar y crear empleo empieza a preguntarse si merece la pena hacerlo.
La corrupción desincentiva la inversión porque introduce una incertidumbre que ninguna economía necesita y dificulta también la diversificación económica.
Guinea Ecuatorial no puede depender indefinidamente de unos recursos naturales que, por definición, no son infinitos. Necesitamos desarrollar otras actividades, crear empresas, formar profesionales, atraer inversión productiva y generar oportunidades para nuestros jóvenes.
Pero para hacer todo eso necesitamos algo tan sencillo y tan importante como unas reglas que sean iguales para todos.
Sin reglas iguales para todos no puede existir una verdadera economía nacional.
Y por eso la lucha contra la corrupción no puede entenderse como una cuestión secundaria ni como un problema reservado a especialistas. Tiene que formar parte de la construcción de un Estado que funcione.
También necesitamos hablar de transparencia.
Porque una de las mejores protecciones que puede tener una sociedad frente a la corrupción es precisamente que pueda mirar lo que hacen quienes administran sus recursos.
Por eso hay preguntas que una sociedad democrática tiene derecho a formular: ¿quién controla realmente las cuentas públicas?, ¿quién puede conocer cómo se utilizan los recursos del Estado?, ¿quién puede comprobar los contratos públicos?, ¿quién controla los conflictos de intereses?, ¿quién puede investigar a quienes tienen poder?, ¿quién puede comprobar que el patrimonio de quienes ocupan determinadas responsabilidades se corresponde con sus ingresos legítimos?
Cuando el ciudadano no puede conocer qué hace el Gobierno con el dinero público, la corrupción encuentra un terreno especialmente favorable para crecer.
La transparencia no significa desconfiar de todo el mundo. Significa establecer mecanismos para que nadie tenga que confiar ciegamente en nadie. Y eso es mucho más sano para una sociedad. La Administración utiliza el dinero de todos los ciudadanos y tenemos derecho a saber en qué se lo gasta, cómo lo administra y cuáles son sus prioridades.
Las instituciones deben funcionar de manera que una persona honrada pueda demostrar que lo es y una persona que haya cometido un delito tenga que responder ante la justicia, independientemente de su posición.
Por eso quiero dejar algo muy claro.
La lucha contra la corrupción no puede convertirse en una venganza.
No se trata de destituir una élite para colocar otra en su lugar, ni de perseguir a una familia, ni de utilizar la justicia como instrumento de revancha política. Se trata de construir instituciones en las que nadie esté por encima de la ley.
Eso significa respetar la presunción de inocencia, garantizar el debido proceso, investigar los posibles delitos con independencia y, cuando corresponda, recuperar para el Estado los bienes obtenidos ilegalmente.
Porque tampoco sería justo construir una sociedad en la que bastara una acusación para condenar a una persona.
La lucha contra la corrupción tiene que ser firme, pero también ha de ser justa.
No queremos una justicia que dependa de quién gobierna.
Queremos una justicia independiente que pueda actuar precisamente porque nadie gobierna por encima de ella.
Y aquí está, en mi opinión, la cuestión fundamental.
El problema no se resuelve simplemente cambiando los nombres de quienes ocupan el poder.
Se resuelve cambiando las reglas del poder.
Tenemos que conseguir que quien llegue a una responsabilidad pública sepa que administrar los recursos de todos no le da derecho a utilizarlos en beneficio propio, de su familia o de sus amigos. Tenemos que conseguir que quien participe en un concurso público sepa que las reglas serán las mismas para todos, que el empresario honrado no tenga que buscar padrinos para poder trabajar y que un joven pueda pensar en su futuro sin preguntarse primero a quién conoce.
Y tenemos que conseguir que los ciudadanos sepan que el dinero público no es dinero del Gobierno.
Es el dinero de todos.
Por eso también necesitamos una sociedad que no mire hacia otro lado.
La corrupción puede existir porque alguien decide cometer un delito, pero puede crecer mucho más cuando alrededor de ese delito se instala el silencio, la resignación o la idea de que no merece la pena denunciarlo.
Una sociedad democrática no puede acostumbrarse a eso.
Tenemos que educar a nuestros ciudadanos para que sepan reconocer la corrupción, rechazarla y exigir que las instituciones actúen. Y tenemos que conseguir algo todavía más importante: que una persona pueda sentirse orgullosa de hacer las cosas correctamente y que no tenga la sensación de que la única manera de progresar consiste en entrar en determinados círculos de poder.
Ese cambio cultural llevará tiempo.
Pero es imprescindible.
Porque un país no se limpia de corrupción solamente con leyes. Necesita instituciones fuertes, controles eficaces, transparencia, jueces y funcionarios que puedan actuar con independencia y ciudadanos que entiendan que defender lo público también es defender su propia vida y la de sus hijos.
Y nosotros sabemos que luchar contra la corrupción es posible.
Sabemos también que no será fácil, porque la corrupción no desaparece simplemente cambiando a las personas que ocupan los cargos. Hay que cambiar las reglas, fortalecer las instituciones y conseguir que nadie vuelva a sentirse dueño de lo que pertenece a todos.
No queremos venganza.
Queremos justicia.
No queremos perseguir personas.
Queremos perseguir delitos.
Y queremos que quien se apropie de lo que pertenece al pueblo sepa que tendrá que responder por ello.
Sabemos cómo hacerlo.
Y cuando llegue el momento, lo haremos.
Lo bueno está por llegar.
Un fuerte abrazo fraternal.
Armengol Engonga Ondo
Presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial