Juan Cuevas Secretario de Formación del PPGE
Debemos comenzar afirmando que el futuro de Guinea Ecuatorial depende de los propios guineanos. Esta afirmación, tan obvia como necesaria, supone un importante reto y también un compromiso personal para todos aquellos que queremos construir una sociedad en la que el imperio de la ley sustituya al de la brutalidad; la sensatez, a la violencia; la honradez, a la corrupción, y la integridad, al soborno.
No podemos aspirar a un país desarrollado mientras la voluntad de una persona esté por encima de las leyes, mientras el dinero público se confunda con el patrimonio privado de quienes gobiernan y mientras los ciudadanos tengan miedo de reclamar sus derechos. Guinea Ecuatorial necesita un cambio profundo en la forma de entender el poder, la política y la convivencia.
La democracia se asienta en instituciones fuertes; en un Parlamento que represente de verdad a los ciudadanos; en una justicia independiente; en una sociedad civil organizada; en políticos honrados; en una prensa libre e independiente, y en unos cuerpos de seguridad al servicio de la población y no de quienes ejercen el poder.
Para afrontar estos retos, los guineanos necesitamos una buena formación que nos permita participar activamente en la política y en la vida pública. También necesitamos formación técnica y profesional para crear empresas, modernizar la agricultura, desarrollar la industria y ofrecer servicios de calidad. Debemos construir una economía capaz de generar empleo y oportunidades para nuestros jóvenes, sin obligarlos a depender de los favores de un político o de un familiar bien situado.
Es necesario establecer una legislación que favorezca y regule la inversión nacional y extranjera, el movimiento de capitales y las relaciones comerciales con otros países. También necesitamos leyes laborales claras, que protejan los derechos de los trabajadores y establezcan unas reglas justas para las empresas en todo el territorio nacional. La seguridad jurídica no es un lujo: es una condición indispensable para el desarrollo.
Está demostrado que el desarrollo institucional favorece la consolidación de la democracia y que el ejercicio de la democracia contribuye, a su vez, a fortalecer las instituciones. Cuando las instituciones funcionan, el ciudadano sabe a qué atenerse, las empresas pueden planificar sus inversiones y los responsables públicos deben rendir cuentas de sus decisiones.
Por el contrario, la debilidad institucional genera dependencia, desorganización, pérdida de confianza y falta de iniciativa. Cuando todo depende de una persona, de una familia o de un círculo de poder, la sociedad pierde la capacidad de organizarse y de resolver sus propios problemas. En esas condiciones, resulta muy difícil poner en marcha políticas económicas que generen riqueza y bienestar para la mayoría.
Pero no debemos engañarnos: el problema de Guinea Ecuatorial no es solamente político ni económico. También es social y cultural. El tribalismo, en su vertiente negativa, y el atavismo constituyen uno de los mayores frenos para el desarrollo de una sociedad sana, cohesionada y moderna.
Nuestras raíces, nuestras lenguas y nuestras tradiciones forman parte de nuestra identidad y merecen respeto. El problema comienza cuando convertimos esas diferencias en instrumentos de división, cuando juzgamos a una persona por su origen étnico y no por su capacidad, su honradez o su preparación. También cuando nos aferramos a costumbres o formas de pensar que impiden el progreso, la igualdad ante la ley y la libertad individual.
El tribalismo destruye la confianza, alimenta el favoritismo y debilita el sentido de pertenencia a una nación común. Si cada ciudadano considera que primero debe favorecer a los suyos, aunque no sean los más preparados, estaremos condenados a reproducir la corrupción y la incompetencia. No podemos combatir el nepotismo en el poder y practicarlo después en nuestra propia familia o comunidad.
Guinea Ecuatorial necesita ciudadanos que se sientan orgullosos de su origen, pero que sean capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares. Necesitamos comprender que el país pertenece a todos los guineanos, independientemente de su etnia, su lugar de nacimiento, su religión o su condición económica. La nación debe estar por encima de las divisiones tribales.
¿Por qué algunas naciones son ricas y otras permanecen en la pobreza? ¿Es una cuestión de cultura, de clima o de geografía? ¿Depende de la abundancia de materias primas? Ninguno de estos factores, por sí solo, explica el éxito o el fracaso de un país.
La experiencia internacional demuestra que los recursos naturales pueden contribuir al desarrollo, pero también pueden convertirse en una maldición cuando su explotación queda en manos de unos pocos y no existen instituciones capaces de controlar su utilización. Botswana, por ejemplo, ha ofrecido durante décadas una experiencia distinta a la de otros países africanos ricos en recursos, gracias, entre otros factores, a una gestión institucional relativamente más sólida. En cambio, Guinea Ecuatorial, pese a los ingresos obtenidos durante años por la explotación del petróleo y el gas, sigue teniendo enormes retos en materia de diversificación económica, empleo, servicios públicos y oportunidades para su población.
La cuestión fundamental no es cuánto petróleo tenemos bajo nuestros pies, sino qué hemos hecho con la riqueza que ha producido. ¿Cuántas empresas nacionales sólidas hemos creado? ¿Cuántos empleos estables hemos generado? ¿Qué avances hemos conseguido en la educación, la sanidad, la agricultura y las infraestructuras? ¿Qué patrimonio productivo dejaremos a las próximas generaciones cuando nuestros recursos naturales disminuyan?
La riqueza de un país no se mide únicamente por sus ingresos, sino por la capacidad de convertirlos en bienestar para sus ciudadanos. Para ello hacen falta instituciones que administren los recursos con transparencia, presupuestos públicos que puedan ser fiscalizados y mecanismos eficaces para perseguir la corrupción y recuperar el dinero sustraído al Estado.
También debemos preguntarnos qué imagen ofrece Guinea Ecuatorial a quienes quieren invertir y crear empresas en nuestro país. No basta con tener petróleo, gas y otras riquezas naturales. Hace falta un entorno en el que los contratos se respeten, los conflictos se resuelvan ante jueces independientes y ninguna empresa tenga que depender de sus relaciones con los gobernantes para defender sus intereses.
Los casos de algunas compañías extranjeras muestran por qué debemos tomarnos en serio esta cuestión. En 2018, la empresa francesa Orange puso fin a su participación del 40 % en GETESA después de años de litigios con el Estado. El Gobierno tuvo que pagar 50 millones de euros para completar la salida de la compañía, tras un conflicto relacionado con el cumplimiento de un acuerdo sobre la compra de sus acciones. El caso llegó a los tribunales y puso de manifiesto el coste que pueden tener los desacuerdos contractuales entre un Estado y un inversor extranjero. No se trata simplemente de que una empresa se marche, sino de las consecuencias que los conflictos prolongados pueden tener para la confianza empresarial.
Otro caso es el de la estadounidense Hess Corporation, que en 2017 vendió sus participaciones en los campos petrolíferos de Ceiba y Okume a Kosmos Energy y Trident Energy por una operación valorada en 650 millones de dólares. La propia compañía explicó que la venta formaba parte de su estrategia para concentrar sus inversiones en activos con mayores perspectivas de rentabilidad. Por tanto, no sería correcto afirmar que abandonó Guinea Ecuatorial por motivos políticos. Sin embargo, el caso sirve para recordar que las inversiones petroleras no son eternas y que nuestra economía no puede depender indefinidamente de empresas extranjeras ni de recursos cuya producción puede disminuir.
En febrero de 2024, ExxonMobil también confirmó que dejaría sus operaciones en Guinea Ecuatorial después de casi tres décadas de presencia. La evolución de la producción petrolera y las decisiones comerciales de la compañía formaban parte del contexto de su salida. Este caso tampoco demuestra por sí solo que una empresa se marche por la situación política del país. Lo que sí nos obliga a preguntarnos es qué ocurrirá con nuestra economía cuando las grandes compañías petroleras reduzcan su presencia y los ingresos del petróleo ya no permitan mantener el nivel de gasto público al que nos hemos acostumbrado.
Estos ejemplos deben servirnos para reflexionar, no para atribuir todas las decisiones empresariales a una única causa. Las compañías compran, venden y abandonan activos por razones comerciales, geológicas y financieras. Pero también necesitan reglas claras, contratos fiables y tribunales que resuelvan los conflictos con independencia. Cuando esas garantías son débiles, el país pierde capacidad para atraer nuevas inversiones y diversificar su economía.
A ello se añaden las dificultades que los informes sobre el clima de inversión han señalado en Guinea Ecuatorial, entre ellas los problemas de resolución de disputas y las limitaciones del marco jurídico para hacer cumplir determinados acuerdos internacionales. La seguridad jurídica no es una exigencia exclusiva de las multinacionales: también protege al pequeño comerciante, al agricultor, al empresario nacional y al trabajador.
¿Quién va a invertir en Guinea Ecuatorial si para crear una empresa tiene que buscar la protección de un político, pagar comisiones ilegales o aceptar como socio a alguien que no aporta capital ni trabajo, pero exige una parte de los beneficios por sus relaciones con el poder? ¿Qué empresario se atreverá a ampliar su negocio si teme que un funcionario pueda paralizar su actividad arbitrariamente? ¿Qué agricultor invertirá sus ahorros en una explotación de plátanos, cacao o productos alimentarios si no tiene garantías de que podrá recoger, vender y conservar el fruto de su trabajo?
Estas preguntas reflejan un problema de fondo: cuando la influencia política sustituye a la ley, el esfuerzo deja de ser rentable y el favoritismo se convierte en una forma de supervivencia. Así se destruye la iniciativa privada, se ahuyenta la inversión y se condena a miles de ciudadanos a la economía informal y a la dependencia.
No habrá desarrollo si el pequeño comerciante no puede trabajar sin pagar peajes ilegales; si el agricultor no puede proteger su cosecha; si el joven preparado no consigue un empleo por carecer de contactos, y si el empresario honrado tiene que competir con quienes utilizan su cercanía al poder para obtener ventajas. Una economía sana necesita reglas iguales para todos, protección de la propiedad, jueces independientes y una Administración que sirva al ciudadano.
Tampoco podemos seguir pensando que el Estado debe resolverlo todo. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, la justicia, la educación, la sanidad y unas infraestructuras adecuadas, además de crear las condiciones para que la economía funcione. Pero la sociedad debe tener espacio para organizarse, emprender, cooperar y asumir responsabilidades. Las asociaciones, las cooperativas, las empresas, las comunidades y las familias tienen un papel fundamental en la construcción de un país moderno.
Esta visión exige una política que coloque a la persona en el centro de sus decisiones, que respete la dignidad humana y que defienda la solidaridad sin convertirla en dependencia. Una política que promueva la iniciativa individual, pero que comprenda también que nadie puede desarrollarse plenamente cuando vive rodeado de pobreza, injusticia y falta de oportunidades.
En este contexto, el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), desde sus principios de democracia cristiana, presenta su propuesta de transformación del país. Su planteamiento parte de la necesidad de defender la libertad, la justicia social, la responsabilidad, la solidaridad, la subsidiariedad y el respeto a la dignidad de cada persona.
El PPGE defiende una sociedad en la que el poder esté sometido a la ley, las instituciones respondan ante los ciudadanos y la riqueza nacional sirva al bienestar general. Una sociedad donde la iniciativa privada pueda desarrollarse con seguridad jurídica, los trabajadores disfruten de derechos efectivos y los servicios públicos lleguen a todos, sin discriminación ni favoritismos. Una Guinea Ecuatorial en la que el origen familiar o tribal no determine el futuro de nadie y donde el mérito, el esfuerzo y la capacidad tengan más valor que los contactos personales.
Pero esa propuesta debe traducirse en medidas concretas, equipos preparados, una conducta ejemplar y un compromiso firme con la democracia. La regeneración del país no puede limitarse a cambiar a quienes ocupan los puestos de poder; debe cambiar las reglas, fortalecer las instituciones y transformar la relación entre el Estado y el ciudadano. También debe promover una cultura política que rechace la corrupción, el tribalismo excluyente y cualquier forma de abuso de autoridad.
Todo lo expuesto demuestra que, sin instituciones fuertes, sin democracia, sin leyes que protejan las inversiones y la integridad de las personas, y sin el compromiso de los ciudadanos, será muy difícil superar la pobreza y construir una sociedad próspera.
Guinea Ecuatorial dispone de recursos, de una población con capacidad para salir adelante y de enormes posibilidades de desarrollo. Lo que necesitamos es organizar esos recursos con inteligencia, administrar el dinero público con honradez y garantizar que todos los guineanos puedan participar en la construcción del futuro nacional.
El desarrollo no llegará por casualidad ni por la riqueza del subsuelo. Llegará cuando la ley sea igual para todos, cuando el poder rinda cuentas, cuando el trabajo honrado tenga recompensa y cuando aprendamos a reconocernos como ciudadanos de una misma nación.
El futuro de Guinea Ecuatorial depende de nosotros. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad.